Marzo de 1999
UN PAIS CON LEYES Y JUSTICIA DE PRIMER MUNDO PARA LAS EMPRESA Y OTRAS DE SUBDESARROLLO PARA LOS CIUDADANOS
El caso de EDESUR, a principio de 1999, saca a la luz la relación de poder que existe entre las empresas y el Estado. Por esos días, se discutió si se le saca la concesión, si hubo negligencia o no, si se paga y cuanto las indemnizaciones a los afectados por el corte de luz.
El Gobierno (de Menem) amenazó con aplicar severas sanciones monetarias, cosa que la empresa rechaza. El tiempo seguramente dirá quien gana en esta lucha de poder, pero ya hay un perdedor, el usuario, el vecino. Sabemos muy bien que si un vecino no paga la factura de luz, prontamente se la cortan y hasta que no la abona, más los recargos y algunas otras costas, no se la volverán a conectar. No les importa si uno es desocupado, tiene criaturas o esta enfermo.
Era una utopía pensar que le sacaran la concesión, no porque muchos lo reclamen y sea justo, sino porque el Estado en esa confrontación de poder, es el más débil. Aparte cuando se otorgaron las concesiones se pusieron cláusulas leoninas, donde se les otorga todo tipo de prebendas a las empresas y ahora con esta crisis se muestran en toda su dimensión. El Estado se desprendió presuroso de las empresas (se las sacaron de encima), creyendo que así se desprendería de los problemas que ellas ocasionaban, principalmente por la mala administración y falta de control del propio Estado. Ahora queda demostrado que tampoco nadie las controla. Además buscaron con las privatizaciones achicar el Estado, disminuir el déficit fiscal y obtener recursos para pagar la deuda externa. Pero un Estado reducido no significa necesariamente un Estado eficiente. El Estado, no pude desprenderse de su responsabilidad social. Debería haber creado en el proceso regulatorio un ente autónomo, con funcionarios selectos y especializados, y con el suficiente poder para negociar de igual a igual con las empresas, para garantizar una justa equidad.
Los entes reguladores (ENRE, CNC, CNRT, OCRABA, ETTOS, etc.) parecieran ser apéndices de las empresas. Es evidente que no fueron creados con la idea de proteger a los usuarios, sino como elemento de negociación entre la empresa y el Gobierno. Por ello todos dependen del Gobierno y en su gran mayoría lo presiden o componen su directorio, funcionarios allegados al Gobierno y éstos tienen "contactos" muy cercanos con las empresas. En algunos casos, patrocinaron a las empresas que participaron de las privatizaciones. Por lo tanto no siempre cumplen con la función de controlar y hacer cumplir las leyes y disposiciones vigentes. Casi nunca un usuario puede resarciese en la medida del daño que le causan. Generalmente la justicia los protege y falla a su favor. Los contratos y las leyes aprobadas protegen sus capitales, sin importar si con ellas se desprotege al ciudadano.
Ya el año pasado (1998) se dispuso la renovación de los contratos de las empresas de servicios, aún los no vencidos, a las cuales se les concedieron aumentos tarifarios casi arbitrarios (no hay aumento de salarios ni de costo de vida), algunos suspendidos provisoriamente por la justicia, ante el reclamo de las organizaciones de defensa de los consumidores.
Los usuarios de los servicios, hoy privatizados, podemos comprobar que desde su privatización han ido aumentando paulatinamente y en muchos casos, hemos sido los mismo usuarios quienes financiamos las mejoras realizadas, con los aumentos, unos encubiertos y otros reales. En muchos casos no guarda relación su costo (entre los más caros del mundo) con el servicio que prestan. Se supone, en la generalidad de las personas, que los servicios han mejorado, porque funcionan mejor que cuando eran del Estado, pero no hay que olvidarse que antes estaban totalmente abandonados (para justificar la privatización). Pero comparados con los servicios, por ejemplo, Europeos, dejan mucho que desear. Las inversiones de riesgo, en la mayoría, no se realizan en la medida de las necesidades. Lo lógico sería que primero inviertan en tecnología y modernización y cuando el servicio ha mejorado, apliquen el aumento acorde a la mejora. Aparte, tienen a su favor, un servicio monopólicos y a los usuarios cautivos, no tienen competencia.
El problema originado con EDESUR (1999) puso en evidencia que la gran mayoría de las empresas de servicios privatizadas tienen una fachada de seriedad y eficiencia dignas del primer mundo, pero en los hechos es simplemente una escenografía bien montada, en base a la propaganda, detrás, ellas siguen siendo del tercer mundo, como todo. El objetivo prioritario es obtener desmedidas ganancias para dejar satisfechos a los inversores. Han reestructurado las empresas, despidiendo al personal más antiguo y en muchos casos capacitado, redujeron planteles, tomando nuevos sin experiencia y pagan magros salarios. El hacer importantes inversiones en tecnología de punta (como corresponde), les hubiera ocasionado mayores costos y menguaría sus ganancias, así es que procuran hacer rendir lo que tienen hasta que no de más, luego seguramente vencerá la licitación o la entregaran.
Si este ejemplo lo trasladamos a todo el espectro empresarial, veremos que las empresas indirectamente tienen todo el poder y manejan la economía. Cosa que piden se les otorga. Por ser un Estado ausente y dejar en manos de mercado todo lo económico, ocurren cosas como estas. El Estado debe responder a la necesidad social, por lo tanto debería proteger, resguardar, regular y organizar la vida común, en la cual todos los ciudadanos puedan vivir con decencia.
Uno de los sustentos de este modelo económico, son las inversiones y la desocupación. Si no se hace lo que las empresas quieren, retiran las inversiones. El FMI, BM y los economistas nacionales, que hacen lobby para estas empresas, monitorean la economía para que se cumplan las medidas "sugeridas" por ellos. En caso de que se tome alguna actitud en defensa de los intereses del país o del pueblo, las critican públicamente. Esta jugada repercute en los financistas encargados de mover capitales ("inversores"), generándose desconfianza y corridas, además de la alternativa de ser calificado como país de riesgo. Ante esta posibilidad, lo primero que surge es la amenazan de retirar estos capitales especulativos. Un movimiento así, desenmascararía toda esta ficticia panacea de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto tienen pavura en tomar las medidas que beneficie a la mayoría de la sociedad, así que cumplen con las exigencias de los empresarios. Pero debemos aclarar que no es un problema sólo del Gobierno, sino que la oposición es cómplice y actúa exactamente igual. No se puede culpar a las empresas de querer ganar dinero reduciendo costos y subiendo los precios. Lo criticable es que el Estado sea un simple espectador, es el único que podría encarar mediante una política firme y responsable que las empresas atiendan los requerimientos sociales sin perder su objetivo de ganancias. El mercado demostró su ineficiencia para resolver los problemas de asignar los recursos, aumentar la riqueza social y mejorar la equidad, la justicia, la calidad de vida y el medio ambiente del pueblo.
Además es comprobable que aquellas empresas que están instaladas o sus casas matrices pertenecen a países del llamado primer mundo, tienen un compromiso social, laboral y de medio ambiente, que dista mucho del que tienen en los países "emergentes" como el nuestro. Casos como el de Shell con el derrame de petróleo, los laboratorios de medicamentos que nos usan de conejillos de india, etc. Lo que es evidente es que hay por lo menos dos tipos de globalización, una la de los países dueños del capital y otra los que aportan el esfuerzo del trabajo y la materia prima. Una de otra quedan muy distantes, las diferencias se destacan en lo laboral, salud, educación, seguridad, cobertura social y marginación.
Los ejemplos demuestran que las empresas en general tienen el poder, ante la amenaza de irse o aumentar la desocupación y se hace lo que ellas quieren. Adeudan sumas importantes al fisco y no se las sanciona y en ocasiones se las perdonan. Se modificaron continuamente, en su favor, las leyes laborales y sociales (son insaciables), se bajaron los aportes patronales, despiden trabajadores, les pagan lo que quieren y como quieren, se debilito la legislación sobre accidente de trabajo y por lo general, ante una acción legal, siempre salen favorecidas las empresas. Los interés de las empresas son protegidos con celosa eficiencia y contundencia por las fuerzas públicas, se reprime con vehemencia y la justicia actúa de oficio o expeditivamente si hay algún riesgo para ellas, pero jamás son defendidos de igual forma y celeridad los intereses de los damnificados: usuarios o trabajadores. Es evidente que hay leyes y justicia de primer mundo para las empresas, y una de sub desarrollo para los ciudadanos. Todo esto ocurre porque han permitido que la economía deshumanizada domine a la política, poniendo de manifiesto que es escaso el margen de maniobra que les han dejado a los políticos, por ello no ocurren hechos políticos trascendentes, simplemente peleas mediáticas y en muchos casos frívolas.
Héctor Daniel Fernández
El caso de EDESUR, a principio de 1999, saca a la luz la relación de poder que existe entre las empresas y el Estado. Por esos días, se discutió si se le saca la concesión, si hubo negligencia o no, si se paga y cuanto las indemnizaciones a los afectados por el corte de luz.
El Gobierno (de Menem) amenazó con aplicar severas sanciones monetarias, cosa que la empresa rechaza. El tiempo seguramente dirá quien gana en esta lucha de poder, pero ya hay un perdedor, el usuario, el vecino. Sabemos muy bien que si un vecino no paga la factura de luz, prontamente se la cortan y hasta que no la abona, más los recargos y algunas otras costas, no se la volverán a conectar. No les importa si uno es desocupado, tiene criaturas o esta enfermo.
Era una utopía pensar que le sacaran la concesión, no porque muchos lo reclamen y sea justo, sino porque el Estado en esa confrontación de poder, es el más débil. Aparte cuando se otorgaron las concesiones se pusieron cláusulas leoninas, donde se les otorga todo tipo de prebendas a las empresas y ahora con esta crisis se muestran en toda su dimensión. El Estado se desprendió presuroso de las empresas (se las sacaron de encima), creyendo que así se desprendería de los problemas que ellas ocasionaban, principalmente por la mala administración y falta de control del propio Estado. Ahora queda demostrado que tampoco nadie las controla. Además buscaron con las privatizaciones achicar el Estado, disminuir el déficit fiscal y obtener recursos para pagar la deuda externa. Pero un Estado reducido no significa necesariamente un Estado eficiente. El Estado, no pude desprenderse de su responsabilidad social. Debería haber creado en el proceso regulatorio un ente autónomo, con funcionarios selectos y especializados, y con el suficiente poder para negociar de igual a igual con las empresas, para garantizar una justa equidad.
Los entes reguladores (ENRE, CNC, CNRT, OCRABA, ETTOS, etc.) parecieran ser apéndices de las empresas. Es evidente que no fueron creados con la idea de proteger a los usuarios, sino como elemento de negociación entre la empresa y el Gobierno. Por ello todos dependen del Gobierno y en su gran mayoría lo presiden o componen su directorio, funcionarios allegados al Gobierno y éstos tienen "contactos" muy cercanos con las empresas. En algunos casos, patrocinaron a las empresas que participaron de las privatizaciones. Por lo tanto no siempre cumplen con la función de controlar y hacer cumplir las leyes y disposiciones vigentes. Casi nunca un usuario puede resarciese en la medida del daño que le causan. Generalmente la justicia los protege y falla a su favor. Los contratos y las leyes aprobadas protegen sus capitales, sin importar si con ellas se desprotege al ciudadano.
Ya el año pasado (1998) se dispuso la renovación de los contratos de las empresas de servicios, aún los no vencidos, a las cuales se les concedieron aumentos tarifarios casi arbitrarios (no hay aumento de salarios ni de costo de vida), algunos suspendidos provisoriamente por la justicia, ante el reclamo de las organizaciones de defensa de los consumidores.
Los usuarios de los servicios, hoy privatizados, podemos comprobar que desde su privatización han ido aumentando paulatinamente y en muchos casos, hemos sido los mismo usuarios quienes financiamos las mejoras realizadas, con los aumentos, unos encubiertos y otros reales. En muchos casos no guarda relación su costo (entre los más caros del mundo) con el servicio que prestan. Se supone, en la generalidad de las personas, que los servicios han mejorado, porque funcionan mejor que cuando eran del Estado, pero no hay que olvidarse que antes estaban totalmente abandonados (para justificar la privatización). Pero comparados con los servicios, por ejemplo, Europeos, dejan mucho que desear. Las inversiones de riesgo, en la mayoría, no se realizan en la medida de las necesidades. Lo lógico sería que primero inviertan en tecnología y modernización y cuando el servicio ha mejorado, apliquen el aumento acorde a la mejora. Aparte, tienen a su favor, un servicio monopólicos y a los usuarios cautivos, no tienen competencia.
El problema originado con EDESUR (1999) puso en evidencia que la gran mayoría de las empresas de servicios privatizadas tienen una fachada de seriedad y eficiencia dignas del primer mundo, pero en los hechos es simplemente una escenografía bien montada, en base a la propaganda, detrás, ellas siguen siendo del tercer mundo, como todo. El objetivo prioritario es obtener desmedidas ganancias para dejar satisfechos a los inversores. Han reestructurado las empresas, despidiendo al personal más antiguo y en muchos casos capacitado, redujeron planteles, tomando nuevos sin experiencia y pagan magros salarios. El hacer importantes inversiones en tecnología de punta (como corresponde), les hubiera ocasionado mayores costos y menguaría sus ganancias, así es que procuran hacer rendir lo que tienen hasta que no de más, luego seguramente vencerá la licitación o la entregaran.
Si este ejemplo lo trasladamos a todo el espectro empresarial, veremos que las empresas indirectamente tienen todo el poder y manejan la economía. Cosa que piden se les otorga. Por ser un Estado ausente y dejar en manos de mercado todo lo económico, ocurren cosas como estas. El Estado debe responder a la necesidad social, por lo tanto debería proteger, resguardar, regular y organizar la vida común, en la cual todos los ciudadanos puedan vivir con decencia.
Uno de los sustentos de este modelo económico, son las inversiones y la desocupación. Si no se hace lo que las empresas quieren, retiran las inversiones. El FMI, BM y los economistas nacionales, que hacen lobby para estas empresas, monitorean la economía para que se cumplan las medidas "sugeridas" por ellos. En caso de que se tome alguna actitud en defensa de los intereses del país o del pueblo, las critican públicamente. Esta jugada repercute en los financistas encargados de mover capitales ("inversores"), generándose desconfianza y corridas, además de la alternativa de ser calificado como país de riesgo. Ante esta posibilidad, lo primero que surge es la amenazan de retirar estos capitales especulativos. Un movimiento así, desenmascararía toda esta ficticia panacea de estabilidad y crecimiento. Por lo tanto tienen pavura en tomar las medidas que beneficie a la mayoría de la sociedad, así que cumplen con las exigencias de los empresarios. Pero debemos aclarar que no es un problema sólo del Gobierno, sino que la oposición es cómplice y actúa exactamente igual. No se puede culpar a las empresas de querer ganar dinero reduciendo costos y subiendo los precios. Lo criticable es que el Estado sea un simple espectador, es el único que podría encarar mediante una política firme y responsable que las empresas atiendan los requerimientos sociales sin perder su objetivo de ganancias. El mercado demostró su ineficiencia para resolver los problemas de asignar los recursos, aumentar la riqueza social y mejorar la equidad, la justicia, la calidad de vida y el medio ambiente del pueblo.
Además es comprobable que aquellas empresas que están instaladas o sus casas matrices pertenecen a países del llamado primer mundo, tienen un compromiso social, laboral y de medio ambiente, que dista mucho del que tienen en los países "emergentes" como el nuestro. Casos como el de Shell con el derrame de petróleo, los laboratorios de medicamentos que nos usan de conejillos de india, etc. Lo que es evidente es que hay por lo menos dos tipos de globalización, una la de los países dueños del capital y otra los que aportan el esfuerzo del trabajo y la materia prima. Una de otra quedan muy distantes, las diferencias se destacan en lo laboral, salud, educación, seguridad, cobertura social y marginación.
Los ejemplos demuestran que las empresas en general tienen el poder, ante la amenaza de irse o aumentar la desocupación y se hace lo que ellas quieren. Adeudan sumas importantes al fisco y no se las sanciona y en ocasiones se las perdonan. Se modificaron continuamente, en su favor, las leyes laborales y sociales (son insaciables), se bajaron los aportes patronales, despiden trabajadores, les pagan lo que quieren y como quieren, se debilito la legislación sobre accidente de trabajo y por lo general, ante una acción legal, siempre salen favorecidas las empresas. Los interés de las empresas son protegidos con celosa eficiencia y contundencia por las fuerzas públicas, se reprime con vehemencia y la justicia actúa de oficio o expeditivamente si hay algún riesgo para ellas, pero jamás son defendidos de igual forma y celeridad los intereses de los damnificados: usuarios o trabajadores. Es evidente que hay leyes y justicia de primer mundo para las empresas, y una de sub desarrollo para los ciudadanos. Todo esto ocurre porque han permitido que la economía deshumanizada domine a la política, poniendo de manifiesto que es escaso el margen de maniobra que les han dejado a los políticos, por ello no ocurren hechos políticos trascendentes, simplemente peleas mediáticas y en muchos casos frívolas.
Héctor Daniel Fernández
No hay comentarios:
Publicar un comentario