Queda claro que no hay retención posible sin intervención del Estado
nacional popular
Antes de cumplirse el primer mes
del nuevo gobierno y ante la “profunda crisis económica” que dejo el gobierno
saliente, se tomo la decisión de actualizar el valor de las retenciones que
había reimplantado el gobierno de Mauricio Macri con el respaldado por el auto
denominado “campo”, pero ahora la oligarquía campestre salió a oponerse y a generar
conflictos en las rutas, demostrando su posición clara de clase.
Ante esto, volví sobre una serie
de ideas que siempre sostuve, que es la recreación de la Junta Nacional de
Granos - quizás “aggiornada” a esta nueva época -
o sea que el Estado compre la producción de
cereales – parcial o total - y entregue a la industria local y el resto lo
exporte. Que los campos y terrenos propiedad del Estado sean entregados a los
pequeños productores para su explotación. Que el INTA entregue las semillas y
compre la producción. Que se compre o se expropien algunos campos para garantizar
el abastecimiento de la industria alimenticia y molinos de semillas a un precio
justo y así controlar el valor de los productos alimenticios.
Con el reciente caso Vicentín, donde tiene una
importante deuda con el Banco Nación, Provincia y AFIP, el Estado puede capitalizar
la deuda y quedar con parte del paquete accionario y comenzar la explotación.
https://www.lapoliticaonline.com/nota/124205-un-polemico-prestamo-del-macrismo-a-vicentin-pone-en-jaque-a-las-finanzas-del-nacion/
Pero también sobre estas ideas,
recuerdo como termino el primer gobierno peronista, el creador del IAPI.
El simple “reformismo” que llevó
adelante el peronismo, como fue el aumentar más allá de un 30% la participación
de los trabajadores en la renta nacional, el de garantizarle una vida más digna
a los que nos tenían, concederle derechos a los trabajadores, el poder educar a
sus hijos, de tener un sistema de salud que lo proteja, tener la casa propia,
poder darse algunos gustos o ir a veranear, amparar a la vejez entre otras
conquistas, despertó el verdadero odio de los sectores dominantes de este país,
trajo los enfrentamientos, la sangre, los bombardeos, intento de asesinato de
Perón, el quiebre institucional, persecución, cárcel y fusilamientos, acusar a
Perón de todo lo que se pueda acusar a una persona, que su nombre fuera
prohibido y hasta determino la proscripción del partido peronista y de su líder
durante 18 años. Ese odio quedo expresado en la frase “viva el cáncer” o
palabras como “yegua”, “puta” sobre Evita y de “autoritario”, “déspota”,
“dictador”, “nazi o fascista” entre otras a Perón. Muchos de estas expresiones
de odio se volvieron a escuchar sobre Cristina kirchner. Lo que demuestra que
el odio siempre estuvo. Lo ocurrido en Argentina de septiembre de 1955 era un
hecho de clases, fue la expresión más clara de
la lucha de clases en la Argentina. Los poseedores asaltaron un Estado
que protegía a los desposeídos.
La realidad muestra que antes de
Perón – a los trabajadores - los Estados los habían explotado y estafado, eran
sometidos a la arbitrariedad patronal, carecían de derechos, eran descartables,
eran argentinos de segunda, eran negros de mierda. Una y otra vez esta historia
se volvería a repetir, con gobiernos civiles-militares o de derecha
neoliberles.
El peronismo logra traspasar de
la renta nacional de la oligarquía terrateniente a los desclasados, por medio
del IAPI – Junta Nacional de Granos. Era el Estado el que exportaba y el que
retenía una importante suma de la renta agropecuaria que traslado a la clase
obrera e estimulo el crecimiento de la industria. En nuestros días, el intento
del gobierno de Cristina Kirchner de impulsar algunos aumentos en las retenciones
(con algunos errores propios), hizo que el llamado “campo-oligarquía” generara
graves conflictos con serias consecuencias institucionales, cuyo desenlace aún
no terminó.
Recordemos también, lo que decía
la Constitución del año 49 sobre la propiedad privada: Art. 38 “La propiedad
privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las
obligaciones que establezca la ley con fines de bien común”. “Incumbe al Estado
fiscalizador la distribución y la utilización del campo e intervenir con el
objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y
procurar a cada labriego la posibilidad de convertirse en propietario de la
tierra que cultiva.” Un gobierno que redacta un texto así nunca va a ser
confiable para la oligarquía argentina. El peronismo implica una clara
transferencia de recursos financieros, técnicos y humanos, del sector agrario
al sector industrial. No quería reformar el régimen de tenencia de la tierra.
No quería expropiar a los patrones, quería una mejor distribución de la
riqueza.
Queda claro que no hay retención
posible sin intervención del Estado nacional popular. Este intervencionismo
agrede, en efecto, la llamada “libertad de mercado”, pero es el único
instrumento que posibilita derivar ganancias del sector de los propietarios al
sector de los no propietarios. Como pudimos ver, hacerlo por un monto del 33%
le costó inmensamente a Perón. Desencadeno una guerra contra él y contra los
pobres que lo apoyaron. Cristina Fernández intento un aumento de las
retenciones y despertó la furia de la oligarquía campestre, de sus socios de
los medios de comunicación y de esa clase media que quiere parecerse y no puede
ser “oligarquía”. ¿Hasta qué monto podrá hoy hacerlo Alberto Fernández, sin que
las iras de los que derrocaron a Perón se despierten nuevamente, con sus odios
de siempre renovados, porque nunca murieron?. ¿Hasta qué punto “esta” coalición
de gobierno lo apoyara? ¿Hasta dónde el “pueblo” saldrá a la calle para
sostenerlo y defenderlo?. No se les pide que dejen de ganar, se les pide que
ganen menos.
Si gobiernan las empresas,
gobierna el “libre” mercado. No hay mercado libre. El mercado es de los
oligopolios. El mercado no distribuye, concentra. Si el poder insiste tanto con
la libertad de mercado es porque sabe que ésta es la libertad de las empresas.
La palabra “libertad” es una palabra de la derecha, pero de la derecha
económica. La derecha política no conoce la “libertad”. Habla de democracia,
pero siempre que ésta ha interferido en sus negocios la ha negado.
Es evidente que el poder, en
América Latina, no lo tienen los gobiernos. Lo tienen los grupos económicos. De
aquí que resulte gracioso y un poco irritante tal vez, que algunos periodistas
jueguen a que enfrentan al “poder” cuando critican al gobierno de turno, más
aún si ese gobierno se juega en la política de
derecho
humanos y amenaza con algunos gestos de proteccionismo, estatismo y
distribución de la renta.
Recordemos que decía Keynes: En
economía diferimos de todo planteo que proponga como punto de partida la
reducción, la baja de los salarios y adherimos, con tal certeza, a todo planteo
que tome como punto de partida un reducción, lo más considerable posible, en
las superganancias de los propietarios, de los patrones, de las oligarquías de
todo tipo, agrícolas, industriales, financieras. Son ellas las que tienen
margen para hacerlo. Dinero de sobra para comprar alimentos. Ningún sacrificio
les reportará una reducción de las ganancias que determine un aumento de
salarios. Es sólo la perversión, la acumulación insaciable de ganancias
exorbitantes, el desprecio por el interés del país en el que lucran y de sus
ciudadanos con estrecheces económicas, lo que los lleva a defender con uñas y dientes
su rentabilidad- Creen que si ellos ganan, gana el país. Que cuanto más ganen
ellos, más fuerte será el país y, en algún momento, esa ganancia caerá hacia
abajo, hacia el lugar de los desposeídos.
Daniel Fernández
Enero 2020
