En los últimos años se viene denunciado en la justicia y mucho más
mediáticamente hechos de corrupción de distintos funcionarios y políticos,
agravándose en este último año. Los hechos de corrupción están atravesando todo
el arco político, denuncias de un lado (Offshorte - Cacaterra) y de otro
(Hotesur – Baez). Podríamos decir, como ha ocurrido históricamente, que existen
hechos políticos relevantes que se van replicando en los distintos países de Sudamérica.
La grave crisis institucional que vive el Brasil envuelto en hechos de
corrupción y sus denuncias, se ve en Chile, Argentina, Ecuador, Venezuela y
hasta Bolivia. Como fue otrora los golpes cívicos – militares, posteriormente
la corriente de gobiernos “populares”, más acá los llamados “golpes blandos”
donde los Parlamentarios destituyeron (Paraguay, Honduras, Brasil) o
pretendieron destituir a Presidentes (Ecuador, Venezuela, Bolivia), ahora se
nos presentan los hechos de corrupción, donde la “justicia” tomo un papel
preponderante e incluso político partidista como nunca antes había ocurrido, es
más, considero que cada vez ira creciendo esta intervención. Muchos hablan de
la judicialización de la política, aunque yo me inclino más en la politización
de la justicia. Jueces que no fueron electos por el voto popular dan fallos que
competen a la política.
Todas estas circunstancias debilitan a la política, la desprestigia y
la hace no creíble para aquellos que consideran que la política es la
herramienta más adecuada para solucionar los problemas de la gente.
Principalmente desalienta a aquellos sectores juveniles que comenzaron a
interesarse en la política y a participar activamente. En los 90 vivimos este
tipo de circunstancias que termino con un profundo descredito de los políticos y
dirigenciales en general en el 2001.
No hay que tomar a la ligera o darlo como un circunstancia más, el
desprestigio de la política no deja de ser una “políticas” en sí misma, implementada
por algún sector político-económico, con el fin de crear desaliento, menos
participación y desinterés por los asuntos del Estado en los ciudadanos en
general, lo que hace que los sectores que gobiernan puedan tomar medidas que suelen
perjudicar a mediano y largo plazo a la población o al País, sin que estos
reaccionen o se opongan. Les será indiferente o actuara con resignación y
luego, cuando sea muy tarde, pagara los privilegios otorgados a ese sector social - económico, que “casualmente” siempre es
el del más poderos.
Un párrafo aparte merece lo
ocurrido en Brasil, por la importancia y la incidencia que tiene en nuestro
País y en toda Sudamérica. Donde la mayoría de los legisladores que acusaron e impulsaron
el “juicio político” de Dilma Rousseff están acusados de corrupción y a la
presidenta no se le pudo encontrar ningún hecho de corrupción. (Leer artículo
BRASIL: “GOLPES BLANDOS” DE LA DERECHA PARA HACERSE DEL GOBIERNO).
Volviendo a la corrupción en sí, seguramente es algo condenable, grave
y que hace daño, pero es indudable que pueden hacer más daño aquellas políticas
que se implementan que consiguen llevar a un País al borde de la quiebra o de
su disociación, y no siempre son tan mal vistas como algunos hechos de
corrupción, al cual se lo considera el origen de todos los males. Desde nuestra
historia se usó la corrupción para deslegitimar o derrocar gobiernos
democráticos (Hipólito Yrigoyen, Perón e incluso Alfonsín).
En esto también hay un doble estándar en nuestra sociedad, se condena
primero mediáticamente un supuesto hecho de corrupción, la sociedad compra esa condena
y luego la justicia la que actúa, en ocasiones presionada por la opinión mediática
y no tan a derecho. Pero en general no se
condena mediáticamente de igual forma aquellas personas o empresas (quizás
porque los medios, periodistas y anunciantes están involucrados en estas
maniobras) que saca millones de pesos del País sin declarar, que lo deposita en
paraísos fiscales o lo ingresa en sus casa matrices del exterior, bancos que se
prestan a esta defraudación o aquellos que hacen maniobras fraudulentas para
evitar el control de fiscal y no pagar los impuestos que corresponden para que
el Estado pueda cumplir con sus objetivos. Para muchos esto no está mal visto, con
la excusa de que la presión tributaria es mucha, que no quieren pagar impuestos
porque el gobierno mantiene vagos, porque no hace nada, porque son una manga de
ladrones, porque no están de acuerdo con las políticas que aplica o cualquier
otro justificativo para avalar ese “delito”. Es algo así como condenar con la
pena máxima a un ladrón de gallinas y a declarar legítima la acción de un
estafador de guantes blancos o evasores. Esto es lo mismo de aquellos que
admiran las economías o sociedades de ciertos países donde se cumple estrictamente
las políticas tributarias, donde deben pagar todos, sin excepción impuestos a
la renta, pero aquí buscan cualquier artilugio para no hacerlo. Esto es lo
mismo que aquellos que tienen la suerte de viajar a países donde se respetan
las reglas tránsito, al regresar al país hablan maravillas de respeto de los
conductores, pero aquí, ellos conductores, no respetan las normas de tránsito.
Tenemos una doble moral, las cosas son de una sola forma, no importa lo que
hagan los otros, si uno es honesto no tiene que dejar de serlo porque otros no
lo sean.
Honestidad hay que exigirle a los políticos, de derecha, centro o
izquierda, a los empresarios y gremialistas, a los contadores y abogados,
arquitectos e ingenieros, militares y policías, periodistas y profesores,
obreros y empleados, en fin, a todos los ciudadanos, porque la corrupción en mayor
o menor grado atraviesa a toda la sociedad.
Al respecto Martín Caparros dice: “El honestismo es un producto de los
noventas: otra de sus lacras. Entonces, ante la prepotencia de aquel peronismo,
cierto periodismo -el más valiente- se dedicó a buscar sus puntos débiles en la
corrupción que había acompañado la destrucción y venta del Estado, en lugar de
observar y narrar los cambios estructurales, decisivos, que ese proceso estaba
produciendo en la Argentina. La corrupción fueron los errores y excesos de la
construcción del país convertible: lo más fácil de ver, lo que cualquiera podía
condenar sin pensar demasiado” (…).
Es obvio que la mayoría de los
políticos argentinos no lo parecen; es obvio que es necesario conseguir que lo
sean. Pero eso, en política, no alcanza para nada: que un político sea honesto
no define en absoluto su línea política. La honestidad es –o debería ser– un
dato menor: el mínimo común denominador a partir del cual hay que empezar a
preguntarse qué política propone y aplica cada cual.”
“La honestidad puede no ser de
izquierda o de derecha, pero los honestos seguro que sí. Se puede ser muy
honestamente de izquierda y muy honestamente de derecha, y ahí va a estar la
diferencia. Quien administre muy honestamente en favor de los que tienen menos
–dedicando honestamente el dinero público a mejorar hospitales y escuelas– será
más de izquierda; quien administre muy honestamente en favor de los que tienen
más –dedicando honestamente el dinero público a mejorar autopistas y teatros de
ópera– será más de derecha. Quien disponga muy honestamente cobrar más
impuestos a las ganancias y menos iva sobre el pan y la leche será más de
izquierda; quien disponga muy honestamente seguir eximiendo de impuestos a las
actividades financieras o las explotaciones mineras será más de derecha. Quien
decida muy honestamente facilitar los anticonceptivos será más de izquierda;
quien decida muy honestamente acatar las prohibiciones eclesiásticas será más
de derecha. Quien decida muy honestamente educar a los chicos pobres para
sacarlos de la calle será más de izquierda; quien decida muy honestamente
llenar esas calles de policías y de armas será más de derecha. Y sus gobiernos,
tan honesto el uno como el otro, serán radicalmente diferentes. Digo, en
síntesis: la honestidad –y la voluntad y la capacidad y la eficacia–, cuando
existen, actúan, forzosamente, con un programa de izquierda o de derecha.”
“Quizá
mejoraran marginalmente. Pero lo que define la salud o la educación argentinas
no es que quienes tienen que organizar sus prestaciones públicas se roben un
10, un dudoso 20, incluso un improbable 30 por ciento del dinero destinado a
ellas; lo que las define es que –gracias a la dictadura militar y sus
continuadores democráticos– los argentinos que pueden hacerlo compran salud y
educación privadas, y dejan a los pobres esa educación y esa salud públicas que
los políticos corroen –lo cual resulta, ya que estamos, absolutamente de
derecha.”
“O sea:
si este mismo sistema estuviera administrado sin la menor fisura, habría –supongamos–
un tercio más de recursos para hospitales y escuelas y los pobres tendrían un
poco más de gasa y un poco más de vacunas y un poco más de tiza –y los ricos
seguirían teniendo tomógrafos y by-passes al toque y computadoras de verdad en
el aula. Quiero decir: si todos los políticos fueran honestos, todavía
tendríamos que tomar las decisiones básicas: en este caso, por ejemplo, si
queremos que haya educación y salud de primera y de segunda, o no. Si queremos
que un rico tenga muchísimas más posibilidades de sobrevivir a un infarto que
un pobre, o no. Si pensamos que saber matemáticas es un derecho de los hijos de
los que ganan menos de cinco lucas, o no.”
Héctor Daniel Fernández
Mayo 2016
