BUSCA ANIQUILAR Y HACER DESAPARECER AL PERONISMO
A Perón lo derrocaron en 1955 los
antecesores de los opositores y odiadores de hoy. Lo derrocaron bombardeando la
Plaza de Mayo, matando a cientos de ciudadanos. Luego le iniciaron 119 juicios,
lo proscribieron y prohibieron nombrar todo lo que fuera Peronismo. Durante 18
años persiguieron y encarcelaron a dirigentes y simpatizantes, pero el pueblo
no lo olvido. Muchos dirigentes y seguidores de esta derecha cipaya autoritaria
y violenta, son hijos o nietos de aquellos comandos civiles que pusieron bombas
en la Plaza de Mayo, los que escribieron “Viva el Cáncer” a la muerte de Evita,
los bombardeos a Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suarez. Son los mismos
que dieron su apoyo y aportaron funcionarios
a la Revolución fusiladora y repitieron en 1962, 1966. Los que desaparecieron y violaron los restos
de Evita. Los que escribieron tras la muerte de Perón “muerto el perro,
terminada la rabia”, los peronistas serán la rabia, pero ellos son la muerte. Así
podemos seguir enunciando distintos actos reaccionarios y cargados de odio y
rencor tras los años hasta llegar a 1976, con el más sangriento de los golpes
cívico – militar, con 30.000 muertos y desaparecidos. Nada cambió hasta hoy,
tan solo se han adaptado a estos tiempos. Son violentos históricamente “Patagonia
rebelde, semana trágica, la forestal, entre otros”. Sus reacciones y actitudes
son las mismas, ellos son los que provocan la violencia y acusan al peronismo
de violento. Primero los trabajadores y luego el peronismo ha puesto los
muertos y ellos la represión, después se siente víctimas, demasiada hipocresía.
Son el escorpión de la fábula con la rana, no pueden con su esencia, con su
naturaleza.
A pesar de la persecución y la
proscripción, el amor del pueblo venció y en 1973 Perón asumió su tercera presidencia.
Por esos años, hubo muchos jóvenes que venían de familias antiperonistas y se
hicieron peronistas por las injusticias que se vivían y la necesidad de
construir un hombre nuevo, esencialmente solidario. Pero también hay otros, que
vienen de esas familias peronistas “tibias”, que se hicieron gorilas, principalmente
aquellos que llegaron ser profesionales o tuvieron un ascenso social, eso
gracias a los derechos que otorgo el peronismo, como el estudiar gratuitamente.
Ellos dicen que fue por su esfuerzo personal y desconocen el contexto general
de políticas que le permitieron ese crecimiento social y ahora creen que son de
una clase social especial, pero tan sólo son el furgón de cola de los ricos, quienes
únicamente le permiten oler la riqueza. Crearon al hombre individualista.
Es increíble ver el nivel
prejuicios, xenofobia y racismo, son la supremacía blanca criolla, los que
califican a los peronistas de cabecitas negras, aluvión zoológico, negros de
mierda, choriplaneros, vagos y muchos adjetivos descalificativos. No hay
crítica ideológica, fundamentada o razonada, tan sólo usan la descalificación y
la pretensión de que las cosas sean como ellos desean o según su presunción y
no por la realidad.
La derecha en nuestro País nunca
le intereso la democracia, cuando pudo amoldarla a sus intereses la uso, cuando
no, la violento, desestabilizando y derrocando a los gobiernos. Históricamente son
partidarios del autoritarismo, las restricciones a los derechos ciudadanos, la
proscripción política (de las organizaciones de izquierda, del peronismo) y la
represión hacia los conflictos sociales y laborales. Antes usaban a los
militares, ahora lo hacen con el poder económico, mediático, judicial socios de
la oposición de Juntos por el Cambio. El peronismo es el único que ha dado
derechos y ascenso social al pueblo, tanto para adeptos como para opositores,
los demás le quitaron haciendo tan sólo un país para pocos. No lo duden que el
apoyo del pueblo es porque los días más felices fueron y serán peronistas.
La acusación a Cristina y la
parodia montada por el feudo judicial de la derecha, ha creado una reacción que
no preveían, ni el parido judicial ni sus jefes de la derecha política. Han logrado lo que los dirigentes no podían,
es la unidad tras su único líder. Fue el amor del pueblo que salió
espontáneamente a la calle a defenderla, porque sabe que es la única que
confronta con el poder real. Incluso aquellos que no estaban tan de acuerdo con
ella, ahora han cerrado filas y la defienden. Esto es la esencia, la mística y
la naturaleza del peronismo. La base supero a los dirigentes, los que se
tuvieron que sumar para no quedar descolocados y ahora tratan de ir tras las
bases. Como decía Perón, “El pueblo marcha con los dirigentes a la cabeza o con
la cabeza de los dirigentes”. Ahora que ningún dirigente se quiera subir al
carro triunfal, como lo han hecho en algunas concentraciones populares, porque
no van ahí por ellos, van por Cristina. También han salido a la calle cansados
por los ataques de toda la oposición política, mediática y judicial, pero
también por los errores o indecisiones propias.
El pueblo lo tiene muy claro eso
de que “si la tocan a Cristian nos tocan a todos”, porque ella es el último
dique de contención contra el neoliberalismo que viene por todo, para eliminar
los derechos, aumentar más las desigualdades, concentrar aún más la riqueza y a
liquidar el país.
Ese odio, rencor, envidia y prejuicios que
tienen contra Cristina hoy, es el mismo que ejercieron contra Perón, pero lo
que están haciendo es llevarla a su tercera presidencia como hicieron con Perón.
Daniel Fernández
Agosto de 2022
Hay una nota de Horacio Verbitsky
en Cohete a la Luna, en relación con esto, muy interesante, aquí les dejo
algunas partes. Para leerlo completo, lo puede hacer en https://www.elcohetealaluna.com/un-almuerzo-indigesto/
Por lo pronto, ha ratificado de
un modo estrepitoso la centralidad de la vicepresidenta en la escena política,
donde la única verdad sigue siendo la realidad. El júbilo, tanto de ella como
de quienes la acompañan en estado de alerta y movilización, contrasta con los
rostros sombríos de la dirigencia opositora, que anuncia proyectos de juicio
político contra el Presidente (el octavo desde que asumió), a Cristina por
sedición y otras denuncias penales, por
delitos extravagantes como el de opinión sobre el desempeño de funcionarios
judiciales o instigación al suicidio. Gris es la teoría y verde el árbol de la
vida, escribió hace dos siglos Goethe, quien no conoció a Eduardo Casal, Mario
Negri ni Graciela Ocaña.
Recuerdos de Gaspar Campos
El vallado del domicilio de
Cristina por la policía porteña, que filmó los rostros de los manifestantes
violando la ley de inteligencia, fue una provocación política y un acto ilegal.
No se trataba de custodiar a la Vicepresidenta, lo que corresponde a las
fuerzas federales, sino de hostigar a los manifestantes que expresaban su
solidaridad con ella. Los preparativos de represión que se desplegaron ayer con
patrulleros, carros de asalto y camiones hidrantes fueron denunciados por CFK:
«Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas,
infantería de la policía de la ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas
pimienta como la noche del lunes. Lo dicho ese día por la noche: nunca fueron
ni serán democráticos». Además, policías de uniforme custodiaron el
estacionamiento de dos containers repletos de cascotes a dos cuadras del
epicentro de la concentración.
El viernes Máximo Kirchner
participó en el plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica de
Avellaneda, cuyo secretario general, Daniel Daporta, vaticinó que Cristina será
la próxima Presidenta, lo mismo que se canta en los encuentros en su apoyo.
Máximo contó una pintada que vio en el puente Avellaneda, que decía: “Si el
pueblo quiere, Cristina puede”. A su lado estaba el secretario general de la
UOM nacional, Abel Furlan, que fue su compañero de bancada en el Congreso y
cuyo desempeño encomió, porque se negó a votar las leyes que pedía el macrismo,
cuando otros desertaron. Máximo hizo allí un racconto de décadas de luchas
populares, de los trabajadores, de los organismos de derechos humanos, que
libraron batallas que parecían perdidas cuando no se vislumbraba un futuro.
Pero esa resistencia le permitió gobernar a partir de 2003 a Néstor Kirchner.
“Por eso es importantísimo dar esas peleas. En un momento, si tenemos la
inteligencia suficiente, la paciencia, la convicción y el coraje, vamos a poder
construir entre los argentinos y las argentinas un país que contenga a todos y
todas porque siempre se trata de eso. Esas luchas que ustedes dan, que van
sumando, que van sedimentando en nuestra sociedad son las que no les gustan a
algunos sectores no grandes en cantidad de gente pero sí muy poderosos. Parte de esos 12 años, más allá del coraje y
la valentía que pueda tener un Presidente o una Presidenta, tiene que ver con
un pueblo que nunca se rindió, al que le quisieron quebrar la autoestima y la
recuperó. Eso es lo que no tienen que perder”.
No lo dijo, pero tal vez cuando
habló de esos sectores poderosos, tenía in mente la sesión en Buenos Aires del
Consejo de las Américas. Este grupo de presión de las empresas estadounidenses
en la región tiene dos presidentes eméritos:
William Rhodes, el citibanker que
hace tres décadas encabezó el comité de acreedores que condujo el proceso de
desguace de las empresas públicas para pagar con ellas el capital de la deuda
externa, según los lineamientos trazados por Henry Kissinger, y
John Dimitri Negroponte, quien
condujo en Vietnam el Plan Phoenix de la CIA, de exterminio de 30.000
opositores, inspirado por los mismos asesores franceses que instruyeron a los
militares argentinos; después organizó la contra en Nicaragua y fue embajador
en Irak luego de la invasión.
El interés de Estados Unidos por
la Argentina es multidimensional. En 2019 el Comando Sur de sus Fuerzas Armadas
(entonces a cargo del almirante Craig Faller) definió la corrupción como una
preocupación de seguridad nacional y en 2020 decidió incrementar la cooperación
con los aliados para enfrentar amenazas transfronterizas, así enumeradas:
“República Popular China, Rusia, Organizaciones Delictivas Transnacionales,
corrupción, cambio climático y Covid”.
El 3 de junio del año pasado, el
propio Presidente Joseph Biden firmó un memorándum que caracteriza a “la lucha
contra la corrupción como un interés central de seguridad de los Estados
Unidos”, porque “proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar
las democracias en todo el mundo”. Los tópicos cambian pero la práctica queda:
Estados Unidos necesita pretextos para la intervención y el control de otros
países cuando sus políticas no los satisfacen.
Por todo eso, cuando la
Vicepresidenta afirma que no la juzgan a ella sino al peronismo y a los
gobiernos nacionales y populares, “a los que peleamos por la memoria, la
verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra
pública”, enumera las cosas que los gobiernos kirchneristas hicieron en doce
años, y dice que intentan castigarla con
un año de condena por cada atrevimiento de entonces, concita hasta las adhesiones
menos pensadas, desde la CGT y el Movimiento de los eviteros, hasta Myriam
Bregman.
En las tres versiones, ese tipo
penal preparatorio y de peligro abstracto, procuraba suplir las pruebas
concretas de uno o más delitos por la mera pertenencia a una organización
definida a priori como criminal, donde al menos tres personas se unieran para
cometerlos, así luego desistieran de hacerlo. En el caso de Vialidad, fue el
atajo para llegar a la ex Presidenta CFK, sin necesidad de probar su autoría de
alguno de los delitos contra la administración pública que contiene el Código.
El propio fiscal Diego Luciani se lo hizo saber, en tono de disculpa, al
iniciarse el debate, por medio de un juez de San Isidro, hermano de una persona
próxima a Cristina. Pero entonces ella era la candidata favorita para la
elección presidencial y hoy el gobierno que integra no pasa por su mejor
momento. La apelación del fiscal al “sentido común” según el cual la Presidenta
no podía ignorar los delitos que se cometían es insostenible, para un tipo
penal que requiere que el autor conozca que integra una organización delictiva
estable.
Hace más de dos décadas, en el
fallo Stancanelli, redactado por el juez Augusto César Belluscio, la Corte
Suprema instó a reflexionar a jueces y fiscales sobre la necesidad de extremar
la atención en el encuadramiento legal de los hechos reales o supuestos, de
corrupción administrativa, imputados a funcionarios o ex funcionarios, “frente
a una opinión pública —sea formada espontáneamente u orientada por los medios
masivos de comunicación— particularmente sensible”. El tribunal alertó contra
la creación de delitos de la nada y la búsqueda “del tipo penal que permita el
procesamiento con efectiva privación de la libertad para luego acomodar los
hechos a la figura, invirtiendo así el orden lógico del razonamiento”. Esos
caminos son “en definitiva ilegales. No es cuestión de satisfacer a la opinión
pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción”. Luciani
era por entonces secretario de la fiscalía general de San Isidro.
Muy similar al de la CGT fue el
texto de los eviteros, desgarrados entre el odio de sus dirigentes y el amor de
sus bases a Cristina. Tardaron en pronunciarse pero les fue imposible evitarlo.
A Massa le bastaron pocas palabras en las redes antisociales
para acertarle al centro jurídico de un problema político, en términos
llamativamente similares a los que usó el Consejo Directivo de la CGT.
Hasta el dirigente libertario Carlos Maslatón expuso dos
argumentos para cuestionar la actuación de los fiscales:
“Guarda con un 17 de octubre, que no termine pasando lo que
ahora pasa con Lula en Brasil. A veces al opositor es mejor no encarcelarlo y
más si aún conserva el 30%, lo que es impresionante. Que sea en las urnas de
votación”.
“Me parece divertido que el fiscal Diego Luciani quiera
reivindicar 5.321 millones de pesos malversados por CFK, López, De Vido. Yo
quiero que en otra causa se reivindiquen los 250.000 millones de U$D de deuda
tomada por Macri en 2015-2019 y esfumados por la corrupción financiera”.
También las reacciones de apoyo
al histriónico alegato de los fiscales Luciani y Sergio Mola definen un
universo: los grandes medios comerciales que guiaron cada paso del tribunal; la
Coalición Cambiante sin exclusiones; las asociaciones de magistrados que
ejercen la defensa corporativa de sus miembros; el colegio de abogados de la
City de Buenos Aires; el fiscal a cargo en forma interina de la Procuración
General; organizaciones internacionales como Human Rights Watch que, desde que
gobiernan los demócratas son ecos de la Casa Blanca; la Federación
Latinoamericana de fiscales, uno de los ámbitos donde más inversión en cursos y
viajes volcó el Departamento de Estado. Uno de los principales operadores de
esos programas, el fiscal texano Edward Prado, llegó en 2018 como embajador en
la Argentina y dijo que venía para ayudar a los jueces en la lucha contra la
corrupción, en beneficio de la transparencia y de las empresas de su país. Esos
cursos procuran transfundir la fidelidad
básica de los jueces estadounidenses al capital contra el trabajo. Allí se
originó la figura penal del arrepentido en causas por corrupción. Esa ley
27.304/16 fue redactada por el abogado
UCeReísta Ricardo Gil Lavedra, que ahora preside el Colegio Público de Abogados
de la Capital y fue utilizada como un arma extorsiva para obtener acusaciones
contra el kirchnerismo.
El senador republicano por Texas,
Ted Cruz pidió que el gobierno de Biden sancionara a Cristina por corrupta. Lo
apoyó el heredosenador brasileño Eduardo Bolsonaro. Les contestó a ambos el
canciller argentino Santiago Cafiero:
Paralelos
Antes que colgarse de Nisman, los
medios, asociaciones y partidos de la oposición trazaron un paralelo entre el
fiscal Luciani y Julio César Strassera. Con su remate “Corrupción o Justicia”,
Luciani intentó remedar el “Nunca Más” con que Strassera concluyó su alegato en
el juicio a los ex comandantes de las Fuerzas Armadas de 1985. Pero Strassera
no invocó la asociación ilícita, porque le sobraban pruebas sobre la comisión
de miles de delitos aberrantes y atroces, gracias a los años de trabajo
investigativo previo realizado por los organismos de familiares de las
víctimas. Según Roberto Gargarella, es difícil de probar la asociación ilícita
porque «no es esperable que hallemos, documentos firmados por los jefes de la
asociación ilegal, ordenando a sus subordinados la comisión de los crímenes».
Ocurrió todo lo contrario: sobran
los documentos de las tres Fuerzas Armadas impartiendo esas órdenes. Lo que la
fiscalía adoptó entonces fue la teoría del autor de escritorio formulada por el
penalista alemán Klaus Roxin para responsabilizar a quienes matan por medio de
un aparato organizado de poder, donde los subordinados que matan con sus manos,
son engranajes fungibles de una maquinaria que otros conducen. Es aberrante
trasponer esos conceptos a un sistema democrático, con separación de poderes y
controles cruzados.
A falta de cualquier prueba que
la vincule con alguna irregularidad, la acusación se basa en su carácter de
Presidenta de la Nación, por haber designado funcionarios de su confianza y
asignar fondos de inversión pública en obras viales destinadas a la provincia
de Santa Cruz, es decir su rol constitucional. Las leyes de presupuesto que los
incluyen fueron votadas por una gran cantidad de legisladores de la oposición y
su ejecución corresponde por disposición constitucional al jefe de gabinete de
ministros, que el Poder Ejecutivo sólo supervisa. Todos los que ocuparon ese
cargo (Alberto y Aníbal Fernández, Sergio Massa y Juan Abal Medina) no fueron
acusados por la fiscalía. La defraudación al Estado solamente puede realizarse
en forma activa. Nunca por omisión. Es imposible jurídicamente que le atribuyan
al Poder Ejecutivo la ejecución irregular de la ley de presupuesto, cuando esa
es una responsabilidad del jefe de gabinete. Tampoco fueron perseguidos los
funcionarios técnicos de Santa Cruz y de Vialidad Nacional que intervinieron en
las licitaciones. Porque el objetivo siempre fue ella, no la verdad de los
hechos.
Como a Perón
Desde su columna en Clarín,
Eduardo Van der Kooy cuestionó a Cristina por “declararse espantada del
Tribunal que debe juzgarla. Aludió a supuestos vínculos con la pasada
dictadura. Se trata de una información que el periodista Horacio Verbitsky
publicó en su web El Cohete a la Luna. Héctor Giménez Uriburu, padre del
magistrado, fue un marino que se retiró en 1992. En su trayectoria ocupó cargos
cercanos a Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone. ¿Qué tendría que ver su hijo,
el juez del TOF2, con todo eso? Portación de apellido, tal vez”.
Si sabe que la mención de
Cristina se originó en esta página, también debe haber leído el fundamento, que
son las opiniones que el capitán de
navío Giménez Uriburu publicó en el sitio en la red antisocial Facebook del
equipo de fútbol Liverpool que juega en la quinta de Macrì. Allí, posteó una
diatriba sobre las mismas cuestiones que su hijo tiene ahora a consideración y
acerca del personaje principal del encono de todos ellos:
“Cristina Fernández de Kirchner,
malversó, robó y estafó”.
“Existe una tonelada de pruebas».
“Yo la quiero ver sentada frente
a jueces que la interrogan. ¿Dónde está
la plata? ¿Y qué posibilidad hay que los corruptos vayan presos y devuelvan lo
robado?”
Esto no es portación de apellido
sino prejuzgamiento del progenitor del juez en el sitio administrado por el
juez, sobre los hechos y las personas que juzga el juez.
También la madre del juez, María
del Luján Lamon de Giménez Uriburu, cree que “ser peronista es ser
delincuente”, de modo que “no podés ser peronista y una buena persona. No se
puede adorar como adoraban a ese señor que era un degenerado, nunca tuvo una
familia normal, una esposa normal”. Llegó a deplorar que Dios hubiera permitido
“que tuviéramos un Papa peronista”, según publicaciones de La Nación, Tribuna
de Periodistas, En Orsai y Página/12. El abuelo materno del juez, Emilio Lamon,
también fue oficial de la Marina, de la que se retiró como capitán de fragata.
La definición de la madre del
juez de Cristina coincide con la de los delegados de Aramburu y Rojas en la
Corte Suprema de Justicia. El decreto ley 5148 del 9 de diciembre de 1955
dispuso la inversión de la carga de la prueba y la exclusión de pruebas
testimoniales en la causa contra Perón. Esto “entra en el ámbito de los poderes
normales del legislador” y no es inconstitucional, convalidó aquella Corte de
jueces sin acuerdo del disuelto Senado. A Cristina se le exige hoy, como a
Perón entonces, que demuestre su inocencia, y que se calle.
