El tema
central para el gobierno hoy en materia previsional es cómo usar el fondo de
garantía de sustentabilidad que tiene 55 mil millones de dólares más 10 mil
millones del blanqueo, como un modo para financiar al Tesoro y por el otro
lado, cómo disminuir en términos reales la jubilación. Este proceso ya comenzó
en 2016 cuando los jubilados perdieron el 15,2% de su capacidad de compra con
su jubilación.
Mauricio Macri: candidato
presidencial por Cambiemos, afirmó que "el 82% móvil" para los
jubilados y pensionados "es un
compromiso asumido" por su frente, en coincidencia con Sergio Massa.
Gabriela
Michetti: Mientras en la pseudo movilidad jubilatoria propuesta por el Gobierno
solo se actualizarán montos mínimos, la vice presidenta justificó el recorte
porque "es obvio que la Argentina ha desarrollado en los últimos gobiernos
demasiadas medidas de demagogia y de populismo". Y además, sostuvo que los
jubilados cobran "los montos más
grandes de todos". Pero lo que no menciona es que también sufren la
inflación de forma mayor que todo el resto de la sociedad.
Nuestra
sociedad está atravesada por el egoísmo, envidia, el individualismo y la falta
de solidaridad. El mundo de cada individuo pasa solo por lo que le ocurre a él,
no se detiene a ver que le sucede al otro. Su mundo es tan solo su núcleo y lo
demás no existe. Así sucede con el tema de los jubilados, como algunos han
tenido la fortuna, mientras estuvieron en actividad, de hacerse de algunos
recursos que hoy les permite no vivir exclusivamente de su jubilación, no se
preocupan por los miles que están padeciendo de este despojo. De otra forma no
se podría comprender el comportamiento indolente de un importante sector
social. No existe empatía con el despojado, no registran la angustia y la
desesperación que padece aquel que solo vive de su jubilación y que no le
alcanza para satisfacer sus necesidades básicas, que son la mayoría.
La reforma
provisional es una muestra del desprecio oficial, de esa voluntad de dar
siempre otra vuelta de turca, de ajustar cada vez más la soga que ciñe el
cuello de los jubilados y trabajadores. Si siguen con estas medidas, el
problema de los jubilados desaparecerá totalmente, desaparecerían los
jubilados, para ser más explícitos.
El Poder
Ejecutivo envía al congreso una reforma previsonal, laboral y fiscal, donde la
reforma previsonal es el corazón de todas estas reformas, en la cual los más
perjudicados son los jubilados, porque les sacaran más de 110.000 millones
anuales. Desfinancian el Anses para cubrir algo el déficit fiscal que hicieron
crecer con la deuda, además para otorgarles algo de dinero a las provincia y
substancialmente financiar el futuro político de la Gobernadora de la provincia
de Buenos Aires María Eugenia Vidal, con el fondo del conurbano a quien le transferirán
100.000 millones. Este acuerdo firmado con los Gobernadores de las provincias,
muchos de ellos que se dicen Justicialistas, y no les digo “Peronistas” porque
deshonran el nombre, traicionan la esencia de la doctrina Justicialista. Nobleza Obliga debemos apartar de este infame
grupo al Gobernador de San Luis, quien se negó a firmar. "Espero que esta
elocuente evidencia convenza a los demás compañeros y a la masa popular sobre
los verdaderos valores de algunos dirigentes, como así mismo puedan discernir
con claridad entre los que sirven y los que son sólo simuladores que no
persiguen otro fin que sus intereses personales, en procura de una riqueza tan
infamante como sus procedimientos." Juan Domingo Perón.
Que
apoyaran y votaran las huestes del gobierno no asombra, dado que son los mismos
que en la otra Alianza (de la Rua), les descontaron el 13% a los Jubilados.
Pero que los gobernadores y senadores “Justicialistas” apoyaran y votaran estas
reformas que saquea a los jubilados para repartirse unos pesos que no
solucionara nada, es una canallada. Porque no se lo sacaron a las sojeras,
mineras, exportadoras, financieras, bienes personales, empresas de energía,
entre otros que vienen ganado fortunas, pero lógico los jubilados no
representan el poder, lo que demuestran que son tan solo una “banda de cobardes”.
Estos que se dicen representantes del pueblo, solo velan por sus intereses y
no les importa que sucede con el pueblo. Es hora de plantearnos de cambiar esta
democracia representativa por una participativa y revocatoria. Seguramente que
ellos tienen su futuro resuelto, incluso el de sus hijos y nietos, viven en una
burbuja, que les puede importar un jubilado que ha trabajado toda su vida y
ahora debe vivir en la pobreza. Se los castiga y se los ofende, con sus actos y
los dichos.
Cuando uno
se jubila, luego de muchos años de trabajo y aportes, sus últimos años debería
poder vivirlo de la misma forma que lo hizo en actividad y no ver como se
derrumba su calidad de vida, como ocurre ahora.
Está visto
que gobierno les saca a los más pobres para darle a los que más tienen, o sea,
beneficia a su clase social (ricos), quienes pueden hacer un mayor sacrificio,
a esos beneficia. Les saco retenciones a los señores del campo, a las minera,
condonó deuda a empresas, y ahora les bajara los aportes patronales y pretenden
un blanqueo de trabajadores para los empresarios que perjudicaron a los
trabajadores con los aportes. Aprobaron una ley de blanqueo a la medida de
familiares y amigos del gobierno, pero sus fortunas no la trajeron al País. Los
capitales que ingresan son especulativos, para la bicicleta financiera y no
quedan en el País. Nos endeudaron excesivamente y el sólo pago de intereses
será la pesada carga de aquí al futuro.
Aclaremos
que todas estas medidas que perjudican a trabajadores y jubilados son por las
políticas aplicadas por el gobierno y nada tienen que ver con la pesada
herencia, incluso por los dichos del propio Macri, cuando eran oposición y
votaron en diputados el 82% móvil, había dicho, “el dinero para pagarlo esta".
Veamos que
propone esta reforma previsonal, que es lo que más le importa al
gobierno, porque se va a quedar con el dinero de los jubilados.
Antes de
empezar a negociar las reformas con los gobernadores y la oposición, el
Gobierno logró un primer acuerdo. Pero no fue con ninguno de los actores ya
mencionados, sino con Roberto Cardarelli, el jefe de la misión del FMI que
estuvo en Buenos Aires poco después de los anuncios de Mauricio Macri en el
CCK. El pacto se selló muy discretamente. La exigencia fue sobre el cambio de
fórmula para calcular la actualización de los haberes jubilatorios.
Con la
modificación acordada entre el Gobierno y un sector del bloque PJ que lidera el
“mercenario” Miguel Ángel Pichetto, la nueva fórmula para calcular la movilidad
jubilatoria establecía tomar en un 70% la inflación y en un 30% el incremento
de salarios. El equivalente: una nueva burla a los millones de jubilados que
perciben la mínima, que verían una “mejora” de apenas $60 con respecto a la propuesta del oficialismo.
Más allá
de cualquier oportunismo de la política hay un dato objetivo: el cambio de
fórmula le permitirá al Gobierno moderar los índices de actualización de
haberes y así ahorrar unos miles de millones de pesos al año. Ya está instalado
por los expertos que el cambio de fórmula de movilidad es más baja que la
actual. Pagaría, en 2018, entre $120.000 millones y $140.000 millones menos en
jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, entre otras
prestaciones y abarca a un total de 17 millones de personas. El cambio más
inmediato es la modificación de la ley de movilidad que ya para el año próximo
implicaría una pérdida de unos 10 puntos que resultaría de mantenerse la actual
fórmula. La pérdida anual alcanzaría por lo menos a casi 11 mil pesos para quienes
cobran la mínima, incluyendo el aguinaldo, cuanto más cobran, mayor es la
pérdida. Actualmente la jubilación mínima esta en $ 7.660, en marzo con la
formula Pichetto se irá a $7.660, ahora si se calculara con la formula que
anterior cobrarían $ 8.226.
Expertos
señalaron que en lugar del 24% que correspondería para el año próximo, los
aumentos bajarían al 14 o 16%, y en consecuencia los beneficiarios de esas
prestaciones tampoco recuperarían la pérdida de 2016.
En esta
línea, si se tiene en cuenta que el primer aumento se aplicó en marzo de 2009 y
luego semestralmente, el haber llegó a $7246, un incremento del 950 por ciento
entre marzo de 2009 y septiembre de 2017, cuando la inflación fue del 692 por
ciento. Si se hubiera aplicado la propuesta del Gobierno, la jubilación hoy
sería de $5470, un 25 por ciento menos, lo que equivale a $1800 menos por mes.
La canasta
de los jubilados nada tiene que ver con la canasta común y, por ende, la
inflación no es la misma, solo los medicamentos aumentaron un 170% entre 2015 y
2016, el IPC mostró una variación del 73%. El perjuicio será entonces por
partida doble: el aumento de las jubilaciones será más bajo y por un
coeficiente de ajuste que les hará retroceder aún más en poder adquisitivo. No
sólo afecta por la canasta, sino que la quita de subsidios en los servicios
(salario indirecto) los perjudica e incide en forma muy importante, porque
ahora deben destinar una suma elevada para su pago (que nada tiene que ver con
la incidencia que calcula el INDEC) o bajar su calidad de vida, comprando
productos de menor calidad, no pudiendo alimentarse adecuadamente, no poder
caleaccionarse debidamente en invierno, tener que hacer ahorro desmedido de
energía eléctrica, o sea una vida de prohibiciones. Es injusto llegar a fin de
sus años y tener que pasar estas privaciones esenciales para una vida digna. La
calidad de la salud se ha resentido, porque el PAMI ha quitado medicamentos
gratuitos, la calidad de las prestaciones cada vez son peores y los turnos se
pierden en el tiempo. En PAMI se mendiga salud. Incluso le sacaron uno de los
pocos entretenimientos gratuitos que tenían como era fútbol para todos, que
también prometieron mantener.
Los hechos
objetivos son que tenemos 3 millones de jubilados (70% de ellos) con un haber
paupérrimo de $7.600 cuando su canasta supera los $15 mil. Cuando no hay un
salario que se corresponda, cómo optar por jubilarme si el haber no me
garantiza el actual estandar de vida. Quienes trabajaron toda su vida deberán “optar” por retirarse
con jubilaciones miserables o seguir trabajando hasta los 70.
DESFINANCIAR EL ANSES
Menores
ingresos para ANSES por cambios impositivos: Es porque ANSES, podría perder
alrededor de $67.800 millones en 2018. Esto se produce debido a que el
organismo dejaría de percibir el 20% de lo recaudado por Ganancias ($128.300
millones), pero recibiría el 30% restante del impuesto al cheque ($60.500 millones),
según el Instituto de Trabajo y Economía.
Pero como
el impuesto al cheque podría ser tomado a cuenta de Ganancias y en consecuencia
podría ir menos dinero a la ANSES el desfinanciamiento a la ANSES podría
llegar a los $219.000 millones en 2018.
Reducción
de contribuciones patronales: La propuesta oficial es pasar del 17% y 21% (
según sectores) de contribución sobre el salario bruto a cargo del empleador a
una alícuota única del 19,5% eliminando las diferenciaciones geográficas y
distintos programas de exenciones existentes hasta el momento. Y se aplicaría
no sobre el salario bruto total sino descontando un mínimo no imponible (MNI)
creciente que arranca de $2.400 hasta ubicarse paulatinamente en 2022 en un
valor equivalente al poder adquisitivo actual de $12.000.
Blanqueo
laboral: la regularización de trabajadores no registrados podría mejorar la
recaudación de la Seguridad Social por los nuevos aportes y contribuciones de
los trabajadores blanqueados. Pero como contra partida se propone que los salarios
hasta $ 12.000 no tengan aportes previsonales, perjudicando las arcas del
ANSES.
Si se
aprueban todos esos cambios, el menor financiamiento de la Seguridad Social
obligaría a mayores cambios, entre los que se mencionan un eventual aumento
gradual de la edad jubilatoria y modificar hacia abajo el cálculo de las
futuras nuevas jubilaciones. EL FMI y otros organismos financieros vienen
planteando esa alternativa y que las futuras jubilaciones bajen del 65% del
sueldo al 45% a complementar con aportes adicionales voluntarios.
Estas
políticas del gobierno y su permanente intento de precarizar y pauperizar el
sistema previsional mediante conocidas y padecidas medidas neoliberales de los
90, hipotecan el futuro de las generaciones a jubilarse en la próxima década y
las condenan lisa y llanamente a la pobreza.
También
digamos que la ley de reparación histórica es el máximo exponente de las
intenciones de la gestión macrista de vaciar el fondo de garantía de
sustentabilidad. La ley de reparación
histórica, donde figura la creación de una comisión que se va a dedicar a
reformar el sistema previsional y tiene como nombre 'comisión de
sustentabilidad previsional'. Qué significa esa palabrita 'sustentabilidad' de
la que no sólo la ley de reparación histórica habla sino también el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los organismos
internacionales hablan.
En el país
el sistema previsional se financia en un 50% con aportes y contribuciones y un
50% con impuestos. La “sustentabilidad” sería que el sistema se financie
solamente con aportes y contribuciones, por lo que si saco el 50 % de los
impuestos, a las jubilaciones hay que llevarlas a un 50% de lo que cobra hoy un
jubilado.
Todo el
resto de medidas que se están tomando además de la reparación histórica
"como la disminución de pensiones a personas con discapacidad, a las
personas más pobres, todo esto diría que son los daños colaterales del sistema
que se llevan puesto al resto de los programas. El tema central para el
gobierno hoy en materia previsional es cómo usar el fondo de garantía de
sustentabilidad que tiene 55 mil millones de dólares más 10 mil millones del
blanqueo, como un modo para financiar al Tesoro y por el otro lado, cómo
disminuir en términos reales la jubilación. Este proceso ya comenzó en 2016
cuando los jubilados perdieron el 15,2% de su capacidad de compra con su
jubilación, así que llegar al 50% no es muy difícil ni imposible.
El tema de
la sustentabilidad que es la madre de las batallas para el FMI, el Banco
Mundial" y para el Gobierno. En la
Argentina, hasta el 2015, se invertía en seguridad social 9,2% del PBI,
mientras que esos organismos internacionales hablan que el gasto en ese
concepto para los países subdesarrollados no debe superar el 4,5 % o el 5% del
PBI. Todo tiende al mismo rumbo: hay que ganar la mitad o reducir la cantidad
de jubilados a la mitad.
Otra
recomendación del FMI es el aumento de la edad jubilatoria. Además de la
modificación de la llamada tasa de sustitución, que es la relación entre lo que
gana una persona cuando se jubila y lo que ganaba cuando era un trabajador
activo. Ese cálculo hoy está en el orden del 60% y la quieren disminuir al
30-35% porque haría sustentable un régimen de capitalización, que ha demostrado
una incapacidad absoluta para poder pagar una buena jubilación, aunque una
buena capacidad para pagar una jubilación del 35-36% como ocurre en Chile,
después de haber vivido un proceso de largo plazo. Es probable que este camino
también se recorra.
A lo que
vamos es a una jubilación limitada, acotada, que sería para los trabajadores
comunes y corrientes y finalmente un régimen de capitalización para los de
mayor capacidad económica. Basavilbaso meses atrás, mientras brindaba su
informe ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Fondos de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) en el Congreso Nacional, se refirió a que nuestro país
debiera pensar en un sistema de ahorro voluntario. Con el disfraz de lo
voluntario, quiso tapar la palabra clave: Ahorro. Este
término comenzó a emplearse en la reforma de 1994 donde se incorporó el sistema
privado de jubilaciones gestionado por las Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (AFJP) que tiró por la borda y aniquiló el régimen
solidario propiciado por la seguridad social desde antaño
El plan no
es ni más ni menos que la vuelta de las políticas neoliberales impuestas por
los organismos financieros de créditos, como el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el nuevo Fondo agiornado llamado OCDE (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos), que no se resignan en absoluto e impostan a los
países de la región viejas recetas con nuevas palabras.
Estos
organismos no sólo recomiendan la suba de la edad jubilatoria y el sistema de
ahorro, sino también el congelamiento de las prestaciones y la reducción de los
aportes personales como herramientas de la reforma previsional.
Héctor
Daniel Fernández
Diciembre
2017