EL PODER REAL VIENE POR TODO

 

BUSCA ANIQUILAR Y HACER DESAPARECER AL PERONISMO

A Perón lo derrocaron en 1955 los antecesores de los opositores y odiadores de hoy. Lo derrocaron bombardeando la Plaza de Mayo, matando a cientos de ciudadanos. Luego le iniciaron 119 juicios, lo proscribieron y prohibieron nombrar todo lo que fuera Peronismo. Durante 18 años persiguieron y encarcelaron a dirigentes y simpatizantes, pero el pueblo no lo olvido. Muchos dirigentes y seguidores de esta derecha cipaya autoritaria y violenta, son hijos o nietos de aquellos comandos civiles que pusieron bombas en la Plaza de Mayo, los que escribieron “Viva el Cáncer” a la muerte de Evita, los bombardeos a Plaza de Mayo, los fusilamientos de José León Suarez. Son los mismos  que dieron su apoyo y aportaron funcionarios a la Revolución fusiladora y repitieron en 1962, 1966.  Los que desaparecieron y violaron los restos de Evita. Los que escribieron tras la muerte de Perón “muerto el perro, terminada la rabia”, los peronistas serán la rabia, pero ellos son la muerte. Así podemos seguir enunciando distintos actos reaccionarios y cargados de odio y rencor tras los años hasta llegar a 1976, con el más sangriento de los golpes cívico – militar, con 30.000 muertos y desaparecidos. Nada cambió hasta hoy, tan solo se han adaptado a estos tiempos. Son violentos históricamente “Patagonia rebelde, semana trágica, la forestal, entre otros”. Sus reacciones y actitudes son las mismas, ellos son los que provocan la violencia y acusan al peronismo de violento. Primero los trabajadores y luego el peronismo ha puesto los muertos y ellos la represión, después se siente víctimas, demasiada hipocresía. Son el escorpión de la fábula con la rana, no pueden con su esencia, con su naturaleza.

A pesar de la persecución y la proscripción, el amor del pueblo venció y en 1973 Perón asumió su tercera presidencia. Por esos años, hubo muchos jóvenes que venían de familias antiperonistas y se hicieron peronistas por las injusticias que se vivían y la necesidad de construir un hombre nuevo, esencialmente solidario. Pero también hay otros, que vienen de esas familias peronistas “tibias”, que se hicieron gorilas, principalmente aquellos que llegaron ser profesionales o tuvieron un ascenso social, eso gracias a los derechos que otorgo el peronismo, como el estudiar gratuitamente. Ellos dicen que fue por su esfuerzo personal y desconocen el contexto general de políticas que le permitieron ese crecimiento social y ahora creen que son de una clase social especial, pero tan sólo son el furgón de cola de los ricos, quienes únicamente le permiten oler la riqueza. Crearon al hombre individualista.

Es increíble ver el nivel prejuicios, xenofobia y racismo, son la supremacía blanca criolla, los que califican a los peronistas de cabecitas negras, aluvión zoológico, negros de mierda, choriplaneros, vagos y muchos adjetivos descalificativos. No hay crítica ideológica, fundamentada o razonada, tan sólo usan la descalificación y la pretensión de que las cosas sean como ellos desean o según su presunción y no por la realidad.

La derecha en nuestro País nunca le intereso la democracia, cuando pudo amoldarla a sus intereses la uso, cuando no, la violento, desestabilizando y derrocando a los gobiernos. Históricamente son partidarios del autoritarismo, las restricciones a los derechos ciudadanos, la proscripción política (de las organizaciones de izquierda, del peronismo) y la represión hacia los conflictos sociales y laborales. Antes usaban a los militares, ahora lo hacen con el poder económico, mediático, judicial socios de la oposición de Juntos por el Cambio. El peronismo es el único que ha dado derechos y ascenso social al pueblo, tanto para adeptos como para opositores, los demás le quitaron haciendo tan sólo un país para pocos. No lo duden que el apoyo del pueblo es porque los días más felices fueron y serán peronistas.

La acusación a Cristina y la parodia montada por el feudo judicial de la derecha, ha creado una reacción que no preveían, ni el parido judicial ni sus jefes de la derecha política.  Han logrado lo que los dirigentes no podían, es la unidad tras su único líder. Fue el amor del pueblo que salió espontáneamente a la calle a defenderla, porque sabe que es la única que confronta con el poder real. Incluso aquellos que no estaban tan de acuerdo con ella, ahora han cerrado filas y la defienden. Esto es la esencia, la mística y la naturaleza del peronismo. La base supero a los dirigentes, los que se tuvieron que sumar para no quedar descolocados y ahora tratan de ir tras las bases. Como decía Perón, “El pueblo marcha con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. Ahora que ningún dirigente se quiera subir al carro triunfal, como lo han hecho en algunas concentraciones populares, porque no van ahí por ellos, van por Cristina. También han salido a la calle cansados por los ataques de toda la oposición política, mediática y judicial, pero también por los errores o indecisiones propias.

El pueblo lo tiene muy claro eso de que “si la tocan a Cristian nos tocan a todos”, porque ella es el último dique de contención contra el neoliberalismo que viene por todo, para eliminar los derechos, aumentar más las desigualdades, concentrar aún más la riqueza y a liquidar el país. 

 Ese odio, rencor, envidia y prejuicios que tienen contra Cristina hoy, es el mismo que ejercieron contra Perón, pero lo que están haciendo es llevarla a su tercera presidencia como hicieron con Perón.

Daniel Fernández

Agosto de 2022

Hay una nota de Horacio Verbitsky en Cohete a la Luna, en relación con esto, muy interesante, aquí les dejo algunas partes. Para leerlo completo, lo puede hacer en https://www.elcohetealaluna.com/un-almuerzo-indigesto/

Por lo pronto, ha ratificado de un modo estrepitoso la centralidad de la vicepresidenta en la escena política, donde la única verdad sigue siendo la realidad. El júbilo, tanto de ella como de quienes la acompañan en estado de alerta y movilización, contrasta con los rostros sombríos de la dirigencia opositora, que anuncia proyectos de juicio político contra el Presidente (el octavo desde que asumió), a Cristina por sedición  y otras denuncias penales, por delitos extravagantes como el de opinión sobre el desempeño de funcionarios judiciales o instigación al suicidio. Gris es la teoría y verde el árbol de la vida, escribió hace dos siglos Goethe, quien no conoció a Eduardo Casal, Mario Negri ni Graciela Ocaña.

Recuerdos de Gaspar Campos

El vallado del domicilio de Cristina por la policía porteña, que filmó los rostros de los manifestantes violando la ley de inteligencia, fue una provocación política y un acto ilegal. No se trataba de custodiar a la Vicepresidenta, lo que corresponde a las fuerzas federales, sino de hostigar a los manifestantes que expresaban su solidaridad con ella. Los preparativos de represión que se desplegaron ayer con patrulleros, carros de asalto y camiones hidrantes fueron denunciados por CFK: «Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la policía de la ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes. Lo dicho ese día por la noche: nunca fueron ni serán democráticos». Además, policías de uniforme custodiaron el estacionamiento de dos containers repletos de cascotes a dos cuadras del epicentro de la concentración.

El viernes Máximo Kirchner participó en el plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica de Avellaneda, cuyo secretario general, Daniel Daporta, vaticinó que Cristina será la próxima Presidenta, lo mismo que se canta en los encuentros en su apoyo. Máximo contó una pintada que vio en el puente Avellaneda, que decía: “Si el pueblo quiere, Cristina puede”. A su lado estaba el secretario general de la UOM nacional, Abel Furlan, que fue su compañero de bancada en el Congreso y cuyo desempeño encomió, porque se negó a votar las leyes que pedía el macrismo, cuando otros desertaron. Máximo hizo allí un racconto de décadas de luchas populares, de los trabajadores, de los organismos de derechos humanos, que libraron batallas que parecían perdidas cuando no se vislumbraba un futuro. Pero esa resistencia le permitió gobernar a partir de 2003 a Néstor Kirchner. “Por eso es importantísimo dar esas peleas. En un momento, si tenemos la inteligencia suficiente, la paciencia, la convicción y el coraje, vamos a poder construir entre los argentinos y las argentinas un país que contenga a todos y todas porque siempre se trata de eso. Esas luchas que ustedes dan, que van sumando, que van sedimentando en nuestra sociedad son las que no les gustan a algunos sectores no grandes en cantidad de gente pero sí muy poderosos.  Parte de esos 12 años, más allá del coraje y la valentía que pueda tener un Presidente o una Presidenta, tiene que ver con un pueblo que nunca se rindió, al que le quisieron quebrar la autoestima y la recuperó. Eso es lo que no tienen que perder”.

No lo dijo, pero tal vez cuando habló de esos sectores poderosos, tenía in mente la sesión en Buenos Aires del Consejo de las Américas. Este grupo de presión de las empresas estadounidenses en la región tiene dos presidentes eméritos:

William Rhodes, el citibanker que hace tres décadas encabezó el comité de acreedores que condujo el proceso de desguace de las empresas públicas para pagar con ellas el capital de la deuda externa, según los lineamientos trazados por Henry Kissinger, y

John Dimitri Negroponte, quien condujo en Vietnam el Plan Phoenix de la CIA, de exterminio de 30.000 opositores, inspirado por los mismos asesores franceses que instruyeron a los militares argentinos; después organizó la contra en Nicaragua y fue embajador en Irak luego de la invasión.

El interés de Estados Unidos por la Argentina es multidimensional. En 2019 el Comando Sur de sus Fuerzas Armadas (entonces a cargo del almirante Craig Faller) definió la corrupción como una preocupación de seguridad nacional y en 2020 decidió incrementar la cooperación con los aliados para enfrentar amenazas transfronterizas, así enumeradas: “República Popular China, Rusia, Organizaciones Delictivas Transnacionales, corrupción, cambio climático y Covid”.

El 3 de junio del año pasado, el propio Presidente Joseph Biden firmó un memorándum que caracteriza a “la lucha contra la corrupción como un interés central de seguridad de los Estados Unidos”, porque “proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo”. Los tópicos cambian pero la práctica queda: Estados Unidos necesita pretextos para la intervención y el control de otros países cuando sus políticas no los satisfacen.

Por todo eso, cuando la Vicepresidenta afirma que no la juzgan a ella sino al peronismo y a los gobiernos nacionales y populares, “a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública”, enumera las cosas que los gobiernos kirchneristas hicieron en doce años, y dice que intentan castigarla  con un año de condena por cada atrevimiento de entonces, concita hasta las adhesiones menos pensadas, desde la CGT y el Movimiento de los eviteros, hasta Myriam Bregman.

En las tres versiones, ese tipo penal preparatorio y de peligro abstracto, procuraba suplir las pruebas concretas de uno o más delitos por la mera pertenencia a una organización definida a priori como criminal, donde al menos tres personas se unieran para cometerlos, así luego desistieran de hacerlo. En el caso de Vialidad, fue el atajo para llegar a la ex Presidenta CFK, sin necesidad de probar su autoría de alguno de los delitos contra la administración pública que contiene el Código. El propio fiscal Diego Luciani se lo hizo saber, en tono de disculpa, al iniciarse el debate, por medio de un juez de San Isidro, hermano de una persona próxima a Cristina. Pero entonces ella era la candidata favorita para la elección presidencial y hoy el gobierno que integra no pasa por su mejor momento. La apelación del fiscal al “sentido común” según el cual la Presidenta no podía ignorar los delitos que se cometían es insostenible, para un tipo penal que requiere que el autor conozca que integra una organización delictiva estable.

Hace más de dos décadas, en el fallo Stancanelli, redactado por el juez Augusto César Belluscio, la Corte Suprema instó a reflexionar a jueces y fiscales sobre la necesidad de extremar la atención en el encuadramiento legal de los hechos reales o supuestos, de corrupción administrativa, imputados a funcionarios o ex funcionarios, “frente a una opinión pública —sea formada espontáneamente u orientada por los medios masivos de comunicación— particularmente sensible”. El tribunal alertó contra la creación de delitos de la nada y la búsqueda “del tipo penal que permita el procesamiento con efectiva privación de la libertad para luego acomodar los hechos a la figura, invirtiendo así el orden lógico del razonamiento”. Esos caminos son “en definitiva ilegales. No es cuestión de satisfacer a la opinión pública presentándose como adalides de la lucha contra la corrupción”. Luciani era por entonces secretario de la fiscalía general de San Isidro.

Muy similar al de la CGT fue el texto de los eviteros, desgarrados entre el odio de sus dirigentes y el amor de sus bases a Cristina. Tardaron en pronunciarse pero les fue imposible evitarlo.

A Massa le bastaron pocas palabras en las redes antisociales para acertarle al centro jurídico de un problema político, en términos llamativamente similares a los que usó el Consejo Directivo de la CGT.

Hasta el dirigente libertario Carlos Maslatón expuso dos argumentos para cuestionar la actuación de los fiscales:

“Guarda con un 17 de octubre, que no termine pasando lo que ahora pasa con Lula en Brasil. A veces al opositor es mejor no encarcelarlo y más si aún conserva el 30%, lo que es impresionante. Que sea en las urnas de votación”.

“Me parece divertido que el fiscal Diego Luciani quiera reivindicar 5.321 millones de pesos malversados por CFK, López, De Vido. Yo quiero que en otra causa se reivindiquen los 250.000 millones de U$D de deuda tomada por Macri en 2015-2019 y esfumados por la corrupción financiera”.

También las reacciones de apoyo al histriónico alegato de los fiscales Luciani y Sergio Mola definen un universo: los grandes medios comerciales que guiaron cada paso del tribunal; la Coalición Cambiante sin exclusiones; las asociaciones de magistrados que ejercen la defensa corporativa de sus miembros; el colegio de abogados de la City de Buenos Aires; el fiscal a cargo en forma interina de la Procuración General; organizaciones internacionales como Human Rights Watch que, desde que gobiernan los demócratas son ecos de la Casa Blanca; la Federación Latinoamericana de fiscales, uno de los ámbitos donde más inversión en cursos y viajes volcó el Departamento de Estado. Uno de los principales operadores de esos programas, el fiscal texano Edward Prado, llegó en 2018 como embajador en la Argentina y dijo que venía para ayudar a los jueces en la lucha contra la corrupción, en beneficio de la transparencia y de las empresas de su país. Esos cursos procuran transfundir  la fidelidad básica de los jueces estadounidenses al capital contra el trabajo. Allí se originó la figura penal del arrepentido en causas por corrupción. Esa ley 27.304/16  fue redactada por el abogado UCeReísta Ricardo Gil Lavedra, que ahora preside el Colegio Público de Abogados de la Capital y fue utilizada como un arma extorsiva para obtener acusaciones contra el kirchnerismo.

El senador republicano por Texas, Ted Cruz pidió que el gobierno de Biden sancionara a Cristina por corrupta. Lo apoyó el heredosenador brasileño Eduardo Bolsonaro. Les contestó a ambos el canciller argentino Santiago Cafiero:

Paralelos

Antes que colgarse de Nisman, los medios, asociaciones y partidos de la oposición trazaron un paralelo entre el fiscal Luciani y Julio César Strassera. Con su remate “Corrupción o Justicia”, Luciani intentó remedar el “Nunca Más” con que Strassera concluyó su alegato en el juicio a los ex comandantes de las Fuerzas Armadas de 1985. Pero Strassera no invocó la asociación ilícita, porque le sobraban pruebas sobre la comisión de miles de delitos aberrantes y atroces, gracias a los años de trabajo investigativo previo realizado por los organismos de familiares de las víctimas. Según Roberto Gargarella, es difícil de probar la asociación ilícita porque «no es esperable que hallemos, documentos firmados por los jefes de la asociación ilegal, ordenando a sus subordinados la comisión de los crímenes».

Ocurrió todo lo contrario: sobran los documentos de las tres Fuerzas Armadas impartiendo esas órdenes. Lo que la fiscalía adoptó entonces fue la teoría del autor de escritorio formulada por el penalista alemán Klaus Roxin para responsabilizar a quienes matan por medio de un aparato organizado de poder, donde los subordinados que matan con sus manos, son engranajes fungibles de una maquinaria que otros conducen. Es aberrante trasponer esos conceptos a un sistema democrático, con separación de poderes y controles cruzados.

A falta de cualquier prueba que la vincule con alguna irregularidad, la acusación se basa en su carácter de Presidenta de la Nación, por haber designado funcionarios de su confianza y asignar fondos de inversión pública en obras viales destinadas a la provincia de Santa Cruz, es decir su rol constitucional. Las leyes de presupuesto que los incluyen fueron votadas por una gran cantidad de legisladores de la oposición y su ejecución corresponde por disposición constitucional al jefe de gabinete de ministros, que el Poder Ejecutivo sólo supervisa. Todos los que ocuparon ese cargo (Alberto y Aníbal Fernández, Sergio Massa y Juan Abal Medina) no fueron acusados por la fiscalía. La defraudación al Estado solamente puede realizarse en forma activa. Nunca por omisión. Es imposible jurídicamente que le atribuyan al Poder Ejecutivo la ejecución irregular de la ley de presupuesto, cuando esa es una responsabilidad del jefe de gabinete. Tampoco fueron perseguidos los funcionarios técnicos de Santa Cruz y de Vialidad Nacional que intervinieron en las licitaciones. Porque el objetivo siempre fue ella, no la verdad de los hechos.

Como a Perón

Desde su columna en Clarín, Eduardo Van der Kooy cuestionó a Cristina por “declararse espantada del Tribunal que debe juzgarla. Aludió a supuestos vínculos con la pasada dictadura. Se trata de una información que el periodista Horacio Verbitsky publicó en su web El Cohete a la Luna. Héctor Giménez Uriburu, padre del magistrado, fue un marino que se retiró en 1992. En su trayectoria ocupó cargos cercanos a Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone. ¿Qué tendría que ver su hijo, el juez del TOF2, con todo eso? Portación de apellido, tal vez”.

Si sabe que la mención de Cristina se originó en esta página, también debe haber leído el fundamento, que son las opiniones que  el capitán de navío Giménez Uriburu publicó en el sitio en la red antisocial Facebook del equipo de fútbol Liverpool que juega en la quinta de Macrì. Allí, posteó una diatriba sobre las mismas cuestiones que su hijo tiene ahora a consideración y acerca del personaje principal del encono de todos ellos:

“Cristina Fernández de Kirchner, malversó, robó y estafó”.

“Existe una tonelada de pruebas».

“Yo la quiero ver sentada frente a jueces que la interrogan.  ¿Dónde está la plata? ¿Y qué posibilidad hay que los corruptos vayan presos y devuelvan lo robado?”

Esto no es portación de apellido sino prejuzgamiento del progenitor del juez en el sitio administrado por el juez, sobre los hechos y las personas que juzga el juez.

También la madre del juez, María del Luján Lamon de Giménez Uriburu, cree que “ser peronista es ser delincuente”, de modo que “no podés ser peronista y una buena persona. No se puede adorar como adoraban a ese señor que era un degenerado, nunca tuvo una familia normal, una esposa normal”. Llegó a deplorar que Dios hubiera permitido “que tuviéramos un Papa peronista”, según publicaciones de La Nación, Tribuna de Periodistas, En Orsai y Página/12. El abuelo materno del juez, Emilio Lamon, también fue oficial de la Marina, de la que se retiró como capitán de fragata.

La definición de la madre del juez de Cristina coincide con la de los delegados de Aramburu y Rojas en la Corte Suprema de Justicia. El decreto ­ ley 5148 del 9 de diciembre de 1955 dispuso la inversión de la carga de la prueba y la exclusión de pruebas testimoniales en la causa contra Perón. Esto “entra en el ámbito de los poderes normales del legislador­” y no es inconstitucional, convalidó aquella Corte de jueces sin acuerdo del disuelto Senado. A Cristina se le exige hoy, como a Perón entonces, que demuestre su inocencia, y que se calle.