LA OLIGARQUÍA CAMPESTRE Y LA LUCHA DE CLASES

Queda claro que no hay retención posible sin intervención del Estado nacional popular

Antes de cumplirse el primer mes del nuevo gobierno y ante la “profunda crisis económica” que dejo el gobierno saliente, se tomo la decisión de actualizar el valor de las retenciones que había reimplantado el gobierno de Mauricio Macri con el respaldado por el auto denominado “campo”, pero ahora la oligarquía campestre salió a oponerse y a generar conflictos en las rutas, demostrando su posición clara de clase.

Ante esto, volví sobre una serie de ideas que siempre sostuve, que es la recreación de la Junta Nacional de Granos - quizás “aggiornada” a esta nueva época -  o sea que el Estado compre la producción de cereales – parcial o total - y entregue a la industria local y el resto lo exporte. Que los campos y terrenos propiedad del Estado sean entregados a los pequeños productores para su explotación. Que el INTA entregue las semillas y compre la producción. Que se compre o se expropien algunos campos para garantizar el abastecimiento de la industria alimenticia y molinos de semillas a un precio justo y así controlar el valor de los productos alimenticios.  Con el reciente caso Vicentín, donde tiene una importante deuda con el Banco Nación, Provincia y AFIP, el Estado puede capitalizar la deuda y quedar con parte del paquete accionario y comenzar la explotación.https://www.lapoliticaonline.com/nota/124205-un-polemico-prestamo-del-macrismo-a-vicentin-pone-en-jaque-a-las-finanzas-del-nacion/

Pero también sobre estas ideas, recuerdo como termino el primer gobierno peronista, el creador del IAPI.

El simple “reformismo” que llevó adelante el peronismo, como fue el aumentar más allá de un 30% la participación de los trabajadores en la renta nacional, el de garantizarle una vida más digna a los que nos tenían, concederle derechos a los trabajadores, el poder educar a sus hijos, de tener un sistema de salud que lo proteja, tener la casa propia, poder darse algunos gustos o ir a veranear, amparar a la vejez entre otras conquistas, despertó el verdadero odio de los sectores dominantes de este país, trajo los enfrentamientos, la sangre, los bombardeos, intento de asesinato de Perón, el quiebre institucional, persecución, cárcel y fusilamientos, acusar a Perón de todo lo que se pueda acusar a una persona, que su nombre fuera prohibido y hasta determino la proscripción del partido peronista y de su líder durante 18 años. Ese odio quedo expresado en la frase “viva el cáncer” o palabras como “yegua”, “puta” sobre Evita y de “autoritario”, “déspota”, “dictador”, “nazi o fascista” entre otras a Perón. Muchos de estas expresiones de odio se volvieron a escuchar sobre Cristina kirchner. Lo que demuestra que el odio siempre estuvo. Lo ocurrido en Argentina de septiembre de 1955 era un hecho de clases, fue la expresión más clara de  la lucha de clases en la Argentina. Los poseedores asaltaron un Estado que protegía a los desposeídos.

La realidad muestra que antes de Perón – a los trabajadores - los Estados los habían explotado y estafado, eran sometidos a la arbitrariedad patronal, carecían de derechos, eran descartables, eran argentinos de segunda, eran negros de mierda. Una y otra vez esta historia se volvería a repetir, con gobiernos civiles-militares o de derecha neoliberles.

El peronismo logra traspasar de la renta nacional de la oligarquía terrateniente a los desclasados, por medio del IAPI – Junta Nacional de Granos. Era el Estado el que exportaba y el que retenía una importante suma de la renta agropecuaria que traslado a la clase obrera e estimulo el crecimiento de la industria. En nuestros días, el intento del gobierno de Cristina Kirchner de impulsar algunos aumentos en las retenciones (con algunos errores propios), hizo que el llamado “campo-oligarquía” generara graves conflictos con serias consecuencias institucionales, cuyo desenlace aún no terminó.

Recordemos también, lo que decía la Constitución del año 49 sobre la propiedad privada: Art. 38 “La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común”. “Incumbe al Estado fiscalizador la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar a cada labriego la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva.” Un gobierno que redacta un texto así nunca va a ser confiable para la oligarquía argentina. El peronismo implica una clara transferencia de recursos financieros, técnicos y humanos, del sector agrario al sector industrial. No quería reformar el régimen de tenencia de la tierra. No quería expropiar a los patrones, quería una mejor distribución de la riqueza.

Queda claro que no hay retención posible sin intervención del Estado nacional popular. Este intervencionismo agrede, en efecto, la llamada “libertad de mercado”, pero es el único instrumento que posibilita derivar ganancias del sector de los propietarios al sector de los no propietarios. Como pudimos ver, hacerlo por un monto del 33% le costó inmensamente a Perón. Desencadeno una guerra contra él y contra los pobres que lo apoyaron. Cristina Fernández intento un aumento de las retenciones y despertó la furia de la oligarquía campestre, de sus socios de los medios de comunicación y de esa clase media que quiere parecerse y no puede ser “oligarquía”. ¿Hasta qué monto podrá hoy hacerlo Alberto Fernández, sin que las iras de los que derrocaron a Perón se despierten nuevamente, con sus odios de siempre renovados, porque nunca murieron?. ¿Hasta qué punto “esta” coalición de gobierno lo apoyara? ¿Hasta dónde el “pueblo” saldrá a la calle para sostenerlo y defenderlo?. No se les pide que dejen de ganar, se les pide que ganen menos.

Si gobiernan las empresas, gobierna el “libre” mercado. No hay mercado libre. El mercado es de los oligopolios. El mercado no distribuye, concentra. Si el poder insiste tanto con la libertad de mercado es porque sabe que ésta es la libertad de las empresas. La palabra “libertad” es una palabra de la derecha, pero de la derecha económica. La derecha política no conoce la “libertad”. Habla de democracia, pero siempre que ésta ha interferido en sus negocios la ha negado.

Es evidente que el poder, en América Latina, no lo tienen los gobiernos. Lo tienen los grupos económicos. De aquí que resulte gracioso y un poco irritante tal vez, que algunos periodistas jueguen a que enfrentan al “poder” cuando critican al gobierno de turno, más aún si ese gobierno se juega en la política de derecho humanos y amenaza con algunos gestos de proteccionismo, estatismo y distribución de la renta.

Recordemos que decía Keynes: En economía diferimos de todo planteo que proponga como punto de partida la reducción, la baja de los salarios y adherimos, con tal certeza, a todo planteo que tome como punto de partida un reducción, lo más considerable posible, en las superganancias de los propietarios, de los patrones, de las oligarquías de todo tipo, agrícolas, industriales, financieras. Son ellas las que tienen margen para hacerlo. Dinero de sobra para comprar alimentos. Ningún sacrificio les reportará una reducción de las ganancias que determine un aumento de salarios. Es sólo la perversión, la acumulación insaciable de ganancias exorbitantes, el desprecio por el interés del país en el que lucran y de sus ciudadanos con estrecheces económicas, lo que los lleva a defender con uñas y dientes su rentabilidad- Creen que si ellos ganan, gana el país. Que cuanto más ganen ellos, más fuerte será el país y, en algún momento, esa ganancia caerá hacia abajo, hacia el lugar de los desposeídos.

Daniel Fernández

Enero 2020