Jueves 24 de octubre, 2013
Me llamaron la atención algunas definiciones públicas del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en las últimas semanas. Definiciones que no parecen del todo dirigidas a un electorado que lo vio, al menos desde lo discursivo, en la mayor parte de la campaña que ya llega a su fin, hablar de “mantener lo bueno y corregir lo malo”.
Antes de las primarias, el candidato
se había presentado ante algunos de los más importantes empresarios del país y,
sin cámaras de televisión a la vista; habló de abrir espacio para que el sector
privado maneje algunos fondos de pensión, mayores niveles de desregulación,
establecimiento de una política de metas de inflación, entre otros puntos. Pero
en público, poco y nada había dicho con ese tono.
Días atrás, en el coloquio
de IDEA, Massa elogió al presidente mexicano Enrique Peña Nieto por
impulsar las “reformas estructurales que en América Latina hacen falta”.
La idea no es improvisada. De
hecho, el principal asesor económico de Massa, el ex presidente del Banco
Central Martín Redrado, le dijo al
diario El País esta
semana: “México es un país que está haciendo reformas estructurales en sectores
que eran prácticamente intocables, como el energético. También anunciaron
reformas laborales que marcan una voluntad de ingresar no sólo en un período de
solidez macroeconómica sino de avanzar en hacer más competitivas nuestras
economías”.
¿De qué se hablan Massa y
Redrado?
La Reforma laboral mexicana
es una modificación a la Ley Federal del Trabajo sancionada el año pasado. Con
esta nueva legislación, por primera vez en casi un siglo se permite la
contratación de empleos que implican una jornada reducida, autoriza contratos a
prueba y, según algunos especialistas, facilita el los despidos. De acuerdo
a la norma, un trabajador puede estar a prueba por hasta medio año y si el
empleado no le renueva el contrato, puede ser despedido sin pago de
indemnización. La iniciativa fue de hecho propuesta por el centroderchista Felipe
Calderón, pero contó con el respaldo del PRI, de Peña Nieto. La norma fue
avalada por las principales organizaciones de empresarios y sindicatos -ambos
sectores muy vinculados al Estado en México-. Pero hay voces disonantes. El
investigador de la Universidad Obrera de México Marcos
Tello le
dijo a la BBC: “(la ley) estimula todas las
formas de trabajo informal porque debilita la contratación colectiva, uno de
los principales mecanismos de defensa de los trabajadores. Esta reforma pone en
el centro el interés de los patrones”. A su vez, María
Xelhuantzi, académica y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM,
especialista en relaciones laborales y sindicalismo, le dijo al sitio Animal
Político: “Esta reforma dejaría al empleo y al salario a merced de la oferta y
la demanda y como hay una demanda excesiva de empleo y una escasa oferta, esto
va a determinar el salario de los trabajadores”. Para la doctora en ciencia
política, “es un hecho” que la Reforma Laboral precarizará el empleo.
Entre las “reformas
estructurales” de Peña Nieto, también tuvo gran impacto una modificación de
normas en la educación, que motivó fuertes protestas de los gremios del
sector. La llamada Ley del Servicio Profesional fue rechazada por sectores de
los sindicatos que la calificaron de “punitiva” y consideraron que
desconoce las distintas realidades regionales. La norma fija reglas para la
asignación de cargos docentes e incluye una evaluación obligatoria a los maestros,
con sanciones para quienes resulten reprobados. También establece, entre
otros puntos, que el personal docente que, sin justificación, falte al trabajo
más de tres días en un periodo de un mes será dado de baja.
Por otra parte, Peña Nieto
también impulsó una reforma energética, que apunta a reestructurar Pemex,
la empresa estatal petrolera del país norteamericano, y a permitir una mayor
participación del sector privado participe en el negocio. Recibió críticas de
distintos dirigentes de izquierda.
Además, el actual mandatario
mexicano planteó una reforma en el sector de telecomunicaciones, que
permite la inversión extranjera directa hasta en 100% en empresas del sector,
así como en comunicaciones vía satélite.
Y se aprobó una reforma
financiera, que según la actual gestión facilitará el crédito a familias
y pymes, al tiempo que la actual gestión mexicana avanza una reforma
tributaria y otra de la seguridad social.
Las modificaciones legales
provienen en su mayoría del llamado “Pacto por México”, que incluyó la
firma de Peña Nieto (PRI), pero también de los líderes nacionales del PAN
(centroderecha) y del PRD (centroizquierda). La iniciativa promueve
también acciones para fortalecer el área de “Justicia y Seguridad”, tema que
viene de causar una situación crítica en los últimos años de florecimiento del
narcotráfico en distintas regiones del país.
Más allá de los detalles, la
centralidad de México en el pensamiento de Massa parece significar un viraje
desde la mirada sobre todo puesta en el Mercosur y en la Unasur, que primó en
los últimos años en el país. De hecho, su asesor Redrado consideró que “a
los países del Pacífico les está yendo muy bien”. Se sabe: la Alianza del
Pacífico incluye a México, Colombia, Perú y Chile y es el bloque
económico regional que más entusiasma a las elites de Estados Unidos por su
sesgo favorable al libre comercio, la exportación de commodities y las
facilidades a la inversión extranjera directa.
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