EL IMPERIO DEL CINISMO: REFORMA PREVISIONAL

El tema central para el gobierno hoy en materia previsional es cómo usar el fondo de garantía de sustentabilidad que tiene 55 mil millones de dólares más 10 mil millones del blanqueo, como un modo para financiar al Tesoro y por el otro lado, cómo disminuir en términos reales la jubilación. Este proceso ya comenzó en 2016 cuando los jubilados perdieron el 15,2% de su capacidad de compra con su jubilación.

Mauricio Macri: candidato presidencial por Cambiemos, afirmó que "el 82% móvil" para los jubilados y pensionados "es un compromiso asumido" por su frente, en coincidencia con Sergio Massa.

Gabriela Michetti: Mientras en la pseudo movilidad jubilatoria propuesta por el Gobierno solo se actualizarán montos mínimos, la vice presidenta justificó el recorte porque "es obvio que la Argentina ha desarrollado en los últimos gobiernos demasiadas medidas de demagogia y de populismo". Y además, sostuvo que los jubilados cobran "los montos más grandes de todos". Pero lo que no menciona es que también sufren la inflación de forma mayor que todo el resto de la sociedad.

Nuestra sociedad está atravesada por el egoísmo, envidia, el individualismo y la falta de solidaridad. El mundo de cada individuo pasa solo por lo que le ocurre a él, no se detiene a ver que le sucede al otro. Su mundo es tan solo su núcleo y lo demás no existe. Así sucede con el tema de los jubilados, como algunos han tenido la fortuna, mientras estuvieron en actividad, de hacerse de algunos recursos que hoy les permite no vivir exclusivamente de su jubilación, no se preocupan por los miles que están padeciendo de este despojo. De otra forma no se podría comprender el comportamiento indolente de un importante sector social. No existe empatía con el despojado, no registran la angustia y la desesperación que padece aquel que solo vive de su jubilación y que no le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas, que son la mayoría.

La reforma provisional es una muestra del desprecio oficial, de esa voluntad de dar siempre otra vuelta de turca, de ajustar cada vez más la soga que ciñe el cuello de los jubilados y trabajadores. Si siguen con estas medidas, el problema de los jubilados desaparecerá totalmente, desaparecerían los jubilados, para ser más explícitos.

El Poder Ejecutivo envía al congreso una reforma previsonal, laboral y fiscal, donde la reforma previsonal es el corazón de todas estas reformas, en la cual los más perjudicados son los jubilados, porque les sacaran más de 110.000 millones anuales. Desfinancian el Anses para cubrir algo el déficit fiscal que hicieron crecer con la deuda, además para otorgarles algo de dinero a las provincia y substancialmente financiar el futuro político de la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, con el fondo del conurbano a quien le transferirán 100.000 millones. Este acuerdo firmado con los Gobernadores de las provincias, muchos de ellos que se dicen Justicialistas, y no les digo “Peronistas” porque deshonran el nombre, traicionan la esencia de la doctrina Justicialista.  Nobleza Obliga debemos apartar de este infame grupo al Gobernador de San Luis, quien se negó a firmar. "Espero que esta elocuente evidencia convenza a los demás compañeros y a la masa popular sobre los verdaderos valores de algunos dirigentes, como así mismo puedan discernir con claridad entre los que sirven y los que son sólo simuladores que no persiguen otro fin que sus intereses personales, en procura de una riqueza tan infamante como sus procedimientos." Juan Domingo Perón.

Que apoyaran y votaran las huestes del gobierno no asombra, dado que son los mismos que en la otra Alianza (de la Rua), les descontaron el 13% a los Jubilados. Pero que los gobernadores y senadores “Justicialistas” apoyaran y votaran estas reformas que saquea a los jubilados para repartirse unos pesos que no solucionara nada, es una canallada. Porque no se lo sacaron a las sojeras, mineras, exportadoras, financieras, bienes personales, empresas de energía, entre otros que vienen ganado fortunas, pero lógico los jubilados no representan el poder, lo que demuestran que son tan solo una “banda de cobardes”. Estos que se dicen representantes” del pueblo, solo velan por sus intereses y no les importa que sucede con el pueblo. Es hora de plantearnos de cambiar esta democracia representativa por una participativa y revocatoria. Seguramente que ellos tienen su futuro resuelto, incluso el de sus hijos y nietos, viven en una burbuja, que les puede importar un jubilado que ha trabajado toda su vida y ahora debe vivir en la pobreza. Se los castiga y se los ofende, con sus actos y los dichos.

Cuando uno se jubila, luego de muchos años de trabajo y aportes, sus últimos años debería poder vivirlo de la misma forma que lo hizo en actividad y no ver como se derrumba su calidad de vida, como ocurre ahora.

Está visto que gobierno les saca a los más pobres para darle a los que más tienen, o sea, beneficia a su clase social (ricos), quienes pueden hacer un mayor sacrificio, a esos beneficia. Les saco retenciones a los señores del campo, a las minera, condonó deuda a empresas, y ahora les bajara los aportes patronales y pretenden un blanqueo de trabajadores para los empresarios que perjudicaron a los trabajadores con los aportes. Aprobaron una ley de blanqueo a la medida de familiares y amigos del gobierno, pero sus fortunas no la trajeron al País. Los capitales que ingresan son especulativos, para la bicicleta financiera y no quedan en el País. Nos endeudaron excesivamente y el sólo pago de intereses será la pesada carga de aquí al futuro.  

Aclaremos que todas estas medidas que perjudican a trabajadores y jubilados son por las políticas aplicadas por el gobierno y nada tienen que ver con la pesada herencia, incluso por los dichos del propio Macri, cuando eran oposición y votaron  en diputados el 82% móvil, había dicho, “el dinero para pagarlo esta".

Veamos que  propone esta reforma previsonal, que es lo que más le importa al gobierno, porque se va a quedar con el dinero de los jubilados.    

Antes de empezar a negociar las reformas con los gobernadores y la oposición, el Gobierno logró un primer acuerdo. Pero no fue con ninguno de los actores ya mencionados, sino con Roberto Cardarelli, el jefe de la misión del FMI que estuvo en Buenos Aires poco después de los anuncios de Mauricio Macri en el CCK. El pacto se selló muy discretamente. La exigencia fue sobre el cambio de fórmula para calcular la actualización de los haberes jubilatorios.

Con la modificación acordada entre el Gobierno y un sector del bloque PJ que lidera el “mercenario” Miguel Ángel Pichetto, la nueva fórmula para calcular la movilidad jubilatoria establecía tomar en un 70% la inflación y en un 30% el incremento de salarios. El equivalente: una nueva burla a los millones de jubilados que perciben la mínima, que verían una “mejora” de apenas $60 con respecto a la propuesta del oficialismo.

Más allá de cualquier oportunismo de la política hay un dato objetivo: el cambio de fórmula le permitirá al Gobierno moderar los índices de actualización de haberes y así ahorrar unos miles de millones de pesos al año. Ya está instalado por los expertos que el cambio de fórmula de movilidad es más baja que la actual. Pagaría, en 2018, entre $120.000 millones y $140.000 millones menos en jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, entre otras prestaciones y abarca a un total de 17 millones de personas. El cambio más inmediato es la modificación de la ley de movilidad que ya para el año próximo implicaría una pérdida de unos 10 puntos que resultaría de mantenerse la actual fórmula. La pérdida anual alcanzaría por lo menos a casi 11 mil pesos para quienes cobran la mínima, incluyendo el aguinaldo, cuanto más cobran, mayor es la pérdida. Actualmente la jubilación mínima esta en $ 7.660, en marzo con la formula Pichetto se irá a $7.660, ahora si se calculara con la formula que anterior cobrarían $ 8.226.

Expertos señalaron que en lugar del 24% que correspondería para el año próximo, los aumentos bajarían al 14 o 16%, y en consecuencia los beneficiarios de esas prestaciones tampoco recuperarían la pérdida de 2016.

En esta línea, si se tiene en cuenta que el primer aumento se aplicó en marzo de 2009 y luego semestralmente, el haber llegó a $7246, un incremento del 950 por ciento entre marzo de 2009 y septiembre de 2017, cuando la inflación fue del 692 por ciento. Si se hubiera aplicado la propuesta del Gobierno, la jubilación hoy sería de $5470, un 25 por ciento menos, lo que equivale a $1800 menos por mes.

La canasta de los jubilados nada tiene que ver con la canasta común y, por ende, la inflación no es la misma, solo los medicamentos aumentaron un 170% entre 2015 y 2016, el IPC mostró una variación del 73%. El perjuicio será entonces por partida doble: el aumento de las jubilaciones será más bajo y por un coeficiente de ajuste que les hará retroceder aún más en poder adquisitivo. No sólo afecta por la canasta, sino que la quita de subsidios en los servicios (salario indirecto) los perjudica e incide en forma muy importante, porque ahora deben destinar una suma elevada para su pago (que nada tiene que ver con la incidencia que calcula el INDEC) o bajar su calidad de vida, comprando productos de menor calidad, no pudiendo alimentarse adecuadamente, no poder caleaccionarse debidamente en invierno, tener que hacer ahorro desmedido de energía eléctrica, o sea una vida de prohibiciones. Es injusto llegar a fin de sus años y tener que pasar estas privaciones esenciales para una vida digna. La calidad de la salud se ha resentido, porque el PAMI ha quitado medicamentos gratuitos, la calidad de las prestaciones cada vez son peores y los turnos se pierden en el tiempo. En PAMI se mendiga salud. Incluso le sacaron uno de los pocos entretenimientos gratuitos que tenían como era fútbol para todos, que también prometieron mantener.

Los hechos objetivos son que tenemos 3 millones de jubilados (70% de ellos) con un haber paupérrimo de $7.600 cuando su canasta supera los $15 mil. Cuando no hay un salario que se corresponda, cómo optar por jubilarme si el haber no me garantiza el actual estandar de vida. Quienes trabajaron toda su vida deberán “optar” por retirarse con jubilaciones miserables o seguir trabajando hasta los 70.

DESFINANCIAR EL ANSES

Menores ingresos para ANSES por cambios impositivos: Es porque ANSES, podría perder alrededor de $67.800 millones en 2018. “Esto se produce debido a que el organismo dejaría de percibir el 20% de lo recaudado por Ganancias ($128.300 millones), pero recibiría el 30% restante del impuesto al cheque ($60.500 millones), según el Instituto de Trabajo y Economía.

Pero como el impuesto al cheque podría ser tomado a cuenta de Ganancias y en consecuencia podría ir menos dinero a la ANSES “el desfinanciamiento a la ANSES podría llegar a los $219.000 millones en 2018”.

Reducción de contribuciones patronales: La propuesta oficial es pasar del 17% y 21% ( según sectores) de contribución sobre el salario bruto a cargo del empleador a una alícuota única del 19,5% eliminando las diferenciaciones geográficas y distintos programas de exenciones existentes hasta el momento. Y se aplicaría no sobre el salario bruto total sino descontando un mínimo no imponible (MNI) creciente que arranca de $2.400 hasta ubicarse paulatinamente en 2022 en un valor equivalente al poder adquisitivo actual de $12.000.

Blanqueo laboral: la regularización de trabajadores no registrados podría mejorar la recaudación de la Seguridad Social por los nuevos aportes y contribuciones de los trabajadores blanqueados. Pero como contra partida se propone que los salarios hasta $ 12.000 no tengan aportes previsonales, perjudicando las arcas del ANSES.

Si se aprueban todos esos cambios, el menor financiamiento de la Seguridad Social obligaría a mayores cambios, entre los que se mencionan un eventual aumento gradual de la edad jubilatoria y modificar hacia abajo el cálculo de las futuras nuevas jubilaciones. EL FMI y otros organismos financieros vienen planteando esa alternativa y que las futuras jubilaciones bajen del 65% del sueldo al 45% a complementar con aportes adicionales voluntarios.

Estas políticas del gobierno y su permanente intento de precarizar y pauperizar el sistema previsional mediante conocidas y padecidas medidas neoliberales de los 90, hipotecan el futuro de las generaciones a jubilarse en la próxima década y las condenan lisa y llanamente a la pobreza.

También digamos que la ley de reparación histórica es el máximo exponente de las intenciones de la gestión macrista de vaciar el fondo de garantía de sustentabilidad.  La ley de reparación histórica, donde figura la creación de una comisión que se va a dedicar a reformar el sistema previsional y tiene como nombre 'comisión de sustentabilidad previsional'. Qué significa esa palabrita 'sustentabilidad' de la que no sólo la ley de reparación histórica habla sino también el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los organismos internacionales hablan.

En el país el sistema previsional se financia en un 50% con aportes y contribuciones y un 50% con impuestos. La “sustentabilidad” sería que el sistema se financie solamente con aportes y contribuciones, por lo que si saco el 50 % de los impuestos, a las jubilaciones hay que llevarlas a un 50% de lo que cobra hoy un jubilado.

Todo el resto de medidas que se están tomando además de la reparación histórica "como la disminución de pensiones a personas con discapacidad, a las personas más pobres, todo esto diría que son los daños colaterales del sistema que se llevan puesto al resto de los programas. El tema central para el gobierno hoy en materia previsional es cómo usar el fondo de garantía de sustentabilidad que tiene 55 mil millones de dólares más 10 mil millones del blanqueo, como un modo para financiar al Tesoro y por el otro lado, cómo disminuir en términos reales la jubilación. Este proceso ya comenzó en 2016 cuando los jubilados perdieron el 15,2% de su capacidad de compra con su jubilación, así que llegar al 50% no es muy difícil ni imposible.

El tema de la sustentabilidad que es la madre de las batallas para el FMI, el Banco Mundial"  y para el Gobierno. En la Argentina, hasta el 2015, se invertía en seguridad social 9,2% del PBI, mientras que esos organismos internacionales hablan que el gasto en ese concepto para los países subdesarrollados no debe superar el 4,5 % o el 5% del PBI. Todo tiende al mismo rumbo: hay que ganar la mitad o reducir la cantidad de jubilados a la mitad.

Otra recomendación del FMI es el aumento de la edad jubilatoria. Además de la modificación de la llamada tasa de sustitución, que es la relación entre lo que gana una persona cuando se jubila y lo que ganaba cuando era un trabajador activo. Ese cálculo hoy está en el orden del 60% y la quieren disminuir al 30-35% porque haría sustentable un régimen de capitalización, que ha demostrado una incapacidad absoluta para poder pagar una buena jubilación, aunque una buena capacidad para pagar una jubilación del 35-36% como ocurre en Chile, después de haber vivido un proceso de largo plazo. Es probable que este camino también se recorra.

A lo que vamos es a una jubilación limitada, acotada, que sería para los trabajadores comunes y corrientes y finalmente un régimen de capitalización para los de mayor capacidad económica. Basavilbaso meses atrás, mientras brindaba su informe ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Fondos de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en el Congreso Nacional, se refirió a que nuestro país debiera pensar en un sistema de “ahorro voluntario”. Con el disfraz de lo “voluntario”, quiso tapar la palabra clave: Ahorro. Este término comenzó a emplearse en la reforma de 1994 donde se incorporó el sistema privado de jubilaciones gestionado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) que tiró por la borda y aniquiló el régimen solidario propiciado por la seguridad social desde antaño

El plan no es ni más ni menos que la vuelta de las políticas neoliberales impuestas por los organismos financieros de créditos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el nuevo Fondo agiornado llamado OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que no se resignan en absoluto e impostan a los países de la región viejas recetas con nuevas palabras.

Estos organismos no sólo recomiendan la suba de la edad jubilatoria y el sistema de ahorro, sino también el congelamiento de las prestaciones y la reducción de los aportes personales como herramientas de la reforma previsional.

Héctor Daniel Fernández

Diciembre 2017