DERRIBANDO MITOS Y RELATOS
Hay muchas personas, más de lo que uno deseara, que está influenciada por
el odio visceral al peronismo y a lo popular. Otros que actúan como autómatas inducidos
por los intereses de los medios de comunicación, que no son otros que el del
poder, sin una pisca de pensamiento crítico, repiten lo que estos les hacen
creer.
El actual Gobierno de Mauricio Macri y los medios de comunicación
afines, se ha llenado la boca hablando de la corrupción del gobierno anterior,
y vemos que mucha gente repite como loros lo que les dicen a diario y lo dan
por valido. Se ha podido ver con mucha claridad que los funcionarios (Ceos) del
actual gobierno (el mejor de los últimos 50 años?) están de los dos lados del
mostrador, y siguen respondiendo, protegiendo y favoreciendo a sus empresas y
amigos en lugar del estado y el pueblo. El pueblo paga las suculentas ganancias
de las empresas de servicios, se entrega a empresas privadas lo que debería
manejar empresas del estado y se favorece la importación, especulación y
bicicleta financiera en lugar de la industrialización y el trabajo argentino.
Recientemente se ha
conocido un informe de la Universidad Austral, sobre la calidad institucional y
la corrupción del actual gobierno.
Digamos que la
Universidad Austral no es peronista ni kirchnerista. La Universidad Austral es
una universidad argentina de gestión privada, propiedad de la Asociación Civil
de Estudios Superiores (ACES) con sede en Buenos Aires, Pilar y Rosario. Fundada
formalmente en 1991. Es una universidad inspirada por san Josemaría, Fundador
del Opus Dei. Con el mismo impulso
inicial, hoy el Opus Dei asiste a la
Universidad Austral en incorporar los principios cristianos en la enseñanza, en
sus contenidos e incluso en el modo de gestionar la Universidad.
Informe de la
Universidad Austral: Se deteriora la imagen de Macri y aumenta la percepción de
corrupción en el país. Uno de cada dos argentinos percibe un aumento de la
corrupción. Uno de cada dos argentinos cree que el Presidente y sus
funcionarios están involucrados en actos de corrupción.
El informe está basado en las mediciones
de Transparencia Internacional, del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial,
la Corporación Latinbarómetro y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Según Latinobarómetro,
en 2017, dentro de una escala del 0 al 10, los argentinos creían que la
corrupción en el gobierno alcanzaba el altísimo valor de 7,7 por encima del
valor promedio de Latinoamérica (7,5). En 2018, consultados ya no por las
instituciones sino sobre quienes ejercen las funciones y buena parte del poder,
el 53% de los argentinos cree que el Presidente (Mauricio Macri) y todos -o
casi todos- sus funcionarios están involucrados en actos de corrupción,
porcentaje que lo muestra por encima de legisladores, jueces, policías y
empresarios. El primer mandatario y sus funcionarios superan la media
latinoamericana de corrupción junto a los empresarios argentinos. No le va
mejor a los parlamentarios, la policía o los magistrados que son percibidos con
altos índices de sospecha de estar implicados en hechos de corrupción. Si ya
era delicado que en 2017 el 61% de los argentinos consultados por
Latinobarómetro creyeran que la lucha contra la corrupción no había progresado,
más relevante es aún que el 56% de los encuestados en 2018 expresen que
perciben un aumento de la corrupción. Cuando
se trata de obtener algún beneficio -directo o indirecto-, 4 de cada 10
argentinos se muestran dispuestos a tolerar cierto grado de corrupción en la
medida que se resuelvan problemas. Idéntica proporción de argentinos que en
2017 se mostraban con disposición a sobornar, jueces, policías o funcionarios. La corrupción en la Argentina es de
carácter estructural, endémica y transversal.
Abarca todos los
niveles, poderes y estamentos. Atraviesa a todos los actores sociales y lleva
décadas instalada sin que se vislumbre un cambio cultural mayoritario. El
comportamiento ético de los empresarios del país obtiene una de las peores
evaluaciones a nivel mundial (puesto 130° sobre 137 lugares). La denominada
causa de los cuadernos parece convalidar esa tendencia.
"Es necesario
dejar atrás la retórica, los compromisos moralistas -propios de promesas de
campaña- y mostrar acciones ejemplares que induzcan cambios sociales en la
lucha contra la corrupción. Fortalecer los órganos de control, investigar toda
la corrupción (ahondar en el pasado pero también en el presente), evitar los
atajos como: blanqueos, aceptación de renuncias de jueces susceptibles de ser
juzgados políticamente por mal desempeño, o promover amnistías encubiertas,
obviar la designación y actuación en las sombras de operadores judiciales y la
protección de ciertos magistrados. Promover la designación del Procurador
General y del Defensor del Pueblo de la Nación -y otros estamentos- sin
amiguismos, esclarecer y castigar todos los casos de financiamiento irregular
de la política, profesionalizar los cuerpos de auditores, aplicar criterios
uniformes de transparencia, generalizar la aplicación de normas contra el
nepotismo en el poder, asegurar contrataciones, licitaciones y acuerdos con el
estado intachables, generar organismos anticorrupción independientes del poder
político, procurar la meritocracia en las designaciones de funcionarios, y
evitar los conflictos de intereses", concluye el académico Marcelo
Bermolén de la Universidad Austral.
Daniel Fernández
Enero 2019
